España es el cuarto país con el mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social de la Unión Europea, por debajo de Rumanía, Bulgaria y Grecia.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), más de una cuarta parte de la población española está en riesgo de pobreza o exclusión social, esto es, 13,1 millones de personas sobreviven en España y 4,8 millones sufren una situación de pobreza extrema, valores que están por encima de la media de la UE (21,7%). Los países con menor porcentaje de la lista son Finlandia (14,2%), Eslovenia (13,3%) y República Checa (10,7%)..

Si a estos datos le sumamos la situación de los pobres con empleo, nos encontramos ante un país con unas elecciones por delante cuyos habitantes, hasta un 45% no llega a fin de mes incluso trabajando y teniendo en su currículo estudios universitarios.

Las familias españolas según apunta Cáritas, no pueden afrontar gastos imprevistos, hasta un 35% de la población y la situación a un mes del verano no mejora respecto a los datos anteriores cifrados en el informe del «Estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de la pobreza y exclusión social en España 2015-2022».

La privación material severa afecta a cuatro millones de personas y la búsqueda de empleo resulta compleja en una situación así. Por ello, la llamada integración de las personas con discapacidad en el mercado laboral sigue siendo insatisfactoria en España, uno de los colectivos que más acusa la pobreza. Los indicadores clave del mercado de trabajo evidencian la precariedad laboral de los colectivos vulnerables entre los que se encuentran las personas con discapacidad y mayores.

La inflación, el pago de las hipotecas, el acceso a bienes y servicios de primera necesidad y la situación global de Europa, hace que nuevamente las familias con personas con discapacidad vean mermados sus recursos y no tengan una situación estable ni igual al resto de las familias con hijos sin discapacidad incluso trabajando.

Según los datos de Cáritas Española, el 64 por ciento de las personas acompañadas en los programas de empleo son mujeres. Éstas son las mayores perceptoras de pensiones no contributivas al llegar a la jubilación y por ello tienen una mayor vulnerabilidad económica.

Asímismo, manifiesta que solamente un 25% de las personas con discapacidad trabajan y las que padecen discapacidad grave solamente logran hacerlo un 10 %. La entidad refleja cómo las que viven con pensiones de viudedad o con ayudas a la dependencia no cubren en realidad ni un 30 % de sus reales necesidades.

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