Miles de personas han muerto con un derecho reconocido el de ser dependientes. La ley de dependencia ha cumplido tres lustros y en ese camino, al menos 70 personas han muerto cada día, esperando. Esperando a ver cumplido su derecho.
La burocracia española hace que aunque exista la ayuda a la dependencia y esta esté concedida los dependientes mueren porque el plan de choque del Ejecutivo ha fracasado una vez más.
La llamada ley de dependencia fue aprobada hace 16 años por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y la Administración aseguraba atender al dependiente en un plazo máximo de seis meses. Actualmente el tiempo medio para recibir la resolución es de mil días y actualmente, más de 33.000 beneficiarios estarían aún esperando la ayuda según los datos que ofrece el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2023.
De nuevo la desigualdad territorial y las enormes diferencias que existen entre las comunidades autónomas hace que la dependencia no sea igual y las personas mayores sean tratadas de forma distinta según en donde hayan nacido. Cataluña es la comunidad que más muertes registra, casi diez mil, seguida de Andalucía, País Vasco, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Se calcula que se tardará cerca de un lustro en conseguir atender plenamente a este sector porque aunque van mejorando los plazos aún se tarda cerca de un año entre la entrada de la solicitud, la resolución de la prestación y el ingreso de la misma.
España se vertebra en diecisiete regiones que acusan los mismos problemas de las cuales, quince incumplen la ley y tardan más de lo debido. Entretanto los dependientes mueren. Cuando les llaman para otorgarles la ayuda sus familiares notifican que han fallecido. Esta es la realidad de la España que depende del ministerio de Ione Belarra.
