Gracias al aumento del equipo de valoración, derechos Sociales inicia el plan de choque en Asturias para reducir los años de espera para obtener la discapacidad.
La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar de Asturias ha dado el pistoletazo de salida a su plan de choque, medida a través de la cual pretende atajar el tiempo de espera para el reconocimiento de una discapacidad. En la actualidad, la comarca de Avilés es la región asturiana que más tiempo de espera toma, siendo que los considerados «casos más leves» tienen un retraso acumulado de más de tres años.
Derechos Sociales y el principio del fin de su larguísimo tiempo de espera
Ojeando la lista de espera, conformada en la actualidad por más de 14.000 personas, salta a la vista que el tiempo medio de espera para el reconocimiento de una discapacidad en Asturias oscila en torno a los dos años y medio. La propia Consejería de Derechos Sociales y Bienestar ha sido la primera en admitir que la crisis sanitaria no ha hecho más que agravar una situación que en Avilés, mismamente, ya era complicada de por sí en ejercicios anteriores al estallido de la pandemia.
Derechos Sociales de Asturias pone fin así a un tiempo de espera de años, agregando, para ello, la figura de un psicólogo y, próximamente, también la incorporación de un médico y un trabajador social al equipo de valoración.
Fue el pasado marzo cuando Melania Álvarez, titular de la señalada Consejería, anunció la intención de su departamento de reforzar el equipo de valoración actual, con otro segundo equipo que se sume al trabajo. De este modo, Derechos Sociales contabilizaría con dos equipos en total, cada uno de los cuales contaría con la aportación de un médico, un psicólogo y un trabajador social.
De momento, eso sí, sólo se ha unido un psicólogo, si bien todo apunta a que el resto de los profesionales llamados al trabajo completarán pronto el comprometido equipo con su próxima incorporación, aunque aún no hay ninguna fecha señalada en el calendario para tal agregación, sólo la promesa de que será «en breve», dada por una portavoz de la Consejería de Derechos Sociales.
¿Selección de casos en el tiempo de espera de la resolución de la discapacidad?
Desde la Conserjería de Derechos afirman, no obstante, que están atendiendo con inmediatez los casos urgentes, a pesar de las dificultades con las que deben lidiar y con las que tratan de subsanar para acelerar la puesta en marcha del plan de choque. ¿Y quienes serían esos casos urgentes?
Los menores, según la Conserjería; las personas que reciben pensiones no contributivas, la concesión de tarjetas para el aparcamiento de vehículos destinados a personas con discapacidad, los ciudadanos que sufren enfermedades graves o en estadios avanzados, y aquellos que necesitan de la ayuda de Derechos Sociales para su incorporación al mundo laboral.
El alto volumen de trabajo acumulado y solicitudes concedidas afecta indistintamente a los nuevos discapacitados y a aquellos que deben actualizar su documentación, debido a un agravamiento de la patología que presenten. Empero, ante este panorama de espera y espera y retraso y más retraso, la Conserjería de Derechos Sociales ha admitido estar valorando la posibilidad de suscribir un convenio de colaboración con el Servicio de Salud del Principado (Sespa).
¿Con qué fin? Con el objetivo de abordar una mayor cantidad de solicitudes, las más antiguas, ya que se incrementaría el número de equipos de valoración puestos a trabajar en la faena. Así mismo, estudian igualmente recurrir a una digitalización total del proceso.
Repitiendo la estrategia
El plan de choque para reducir la larga lista de espera de la discapacidad no ha sido el primero en ser activado durante esta legislatura por la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, a decir verdad; ese puesto le corresponde a la iniciativa impulsada tiempo atrás para acelerar la valoración y tramitación de la Dependencia.
Una táctica que ha obtenido unos resultados satisfactorios, visto su efectividad a la hora de eliminar los retrasos acumulados que hasta entonces eran superiores a los dos años de media regional, lo que les valió el cumplir con la legislación vigente y realizar la valoración y aceptación de la dependencia en el plazo de seis meses, plazo máximo establecido por la legislación.
