Las personas con discapacidad cuentan en España con prestaciones y deducciones a nivel autonómico y nacional para facilitar el acceso a la vivienda. La ley de accesibilidad establece que las viviendas deben estar adaptadas de forma que se garantice el acceso y el desarrollo cómodo y seguro de las personas con discapacidad: medidas como ascensor, rampa accesible, plazas de aparcamiento accesibles entre otras medidas, además del IVA del 4% superreducido.

El plan estatal de acceso a la vivienda 22-25 establece que cualquier persona que cumpla con esos requisitos, una ayuda al alquiler de vivienda que cubre el cincuenta por ciento de la renta o el precio mensual del alquiler o cesión en uso. Los fondos correspondientes al plan estatal se transfieren a las comunidades y ciudades autónomas, que se encargan de gestionarlos según establece la normativa.

A nivel nacional existe una deducción del 5% por la adquisición de la vivienda habitual para contribuyentes con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% o con un grado de discapacidad psíquica igual o superior al 33%, que pueden incluir en su declaración de la renta del año que compren la casa. Esta deducción también es aplicable cuando, sin alcanzar los grados establecidos, se haya declarado judicialmente la incapacidad o la curatela representativa de las personas con discapacidad.

Para ello, deben cumplirse varios requisitos: el importe debe abonarse mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito; el patrimonio al finalizar el periodo impositivo debe ser, al menos, el mismo que al principio más la inversión realizada; el importe íntegro de la deducción únicamente será aplicable a los contribuyentes cuya base liquidable general y base liquidable del ahorro no superen los 27.000 euros en declaración individual y los 44.000 euros en declaración conjunta.

La suma total de las rentas anuales del núcleo de convivencia deben ser iguales o inferiores a 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). En el caso de las personas con discapacidad con un grado reconocido igual o superior al 33%, la suma no puede ser superior a 5 veces el IPREM y 3 veces el IPREM en el caso de personas sin discapacidad. Asimismo, el precio de la vivienda debe ser igual o inferior a 600 euros mensuales y el precio de la habitación no puede superar los 300 euros mensuales. Finalmente, no se puede disponer de una vivienda accesible en propiedad o en usufructo.

Las personas con discapacidad también podrán acceder al programa de ayuda al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Deben cumplir los mismos requisitos citados anteriormente con una diferencia: la renta anual del núcleo de convivencia debe ser igual o inferior a 5,5 veces el IPREM (6 veces el IPREM cuando tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%).

Fuente: Servimedia

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí