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A nivel nacional existe una deducción del 5% por la adquisición de la vivienda habitual para contribuyentes con un grado de discapacidad física o sensorial igual o superior al 65% o con un grado de discapacidad psíquica igual o superior al 33%, que pueden incluir en su declaración de la renta del año que compren la casa. Esta deducción también es aplicable cuando, sin alcanzar los grados establecidos, se haya declarado judicialmente la incapacidad o la curatela representativa de las personas con discapacidad. 

Los requisitos son: el importe debe abonarse mediante tarjeta de crédito o débito, transferencia bancaria, cheque nominativo o ingreso en cuentas en entidades de crédito; el patrimonio al finalizar el periodo impositivo debe ser, al menos, el mismo que al principio más la inversión realizada; el importe íntegro de la deducción únicamente será aplicable a los contribuyentes cuya base liquidable general y base liquidable del ahorro no superen los 27.000 euros en declaración individual y los 44.000 euros en declaración conjunta.

Al menos un 4% de las viviendas previstas en los programas anuales de promoción pública deben reservarse a personas con discapacidad. La Ley de Accesibilidad establece que estas viviendas deben estar adaptadas de forma que “garanticen el acceso y desarrollo cómodo y seguro de las personas con discapacidad”. Esto incluye medidas como ascensor o rampa accesible, plazas de aparcamiento accesibles, así como espacios de uso comunitario adecuados. A este tipo de viviendas se le aplica el IVA superreducido del 4%.

Por otro lado, el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025 establece, para cualquier persona que cumpla con los requisitos, una ayuda al alquiler de vivienda que cubre el 50% de la renta o el precio mensual del alquiler o cesión en uso. Los fondos correspondientes al plan estatal se transfieren a las comunidades y ciudades autónomas, que se encargan de gestionarlos según establece la normativa

Las personas con discapacidad también podrán acceder al programa de ayuda al alquiler para personas en situación de vulnerabilidad sobrevenida. Deben cumplir los mismos requisitos citados anteriormente con una diferencia: la renta anual del núcleo de convivencia debe ser igual o inferior a 5,5 veces el IPREM (6 veces el IPREM cuando tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%).

Además estas prestaciones son incompatibles entre sí y con otras ayudas para el pago del alquiler incluidas en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, así como las que puedan conceder las comunidades y ciudades autónomas, entidades locales, públicas u otras administraciones.

Además, para favorecer que los propietarios alquilen a personas con discapacidad, este Plan Estatal de acceso a la vivienda prevé subvenciones de hasta 400 euros/ m2 útil (con un límite del 40% de la inversión) que fomentan la promoción de viviendas o de su rehabilitación para destinarlas un plazo mínimo de 40 años al alquiler o a la cesión de uso para personas mayores o con discapacidad.

Las viviendas construidas o reformadas con estas prestaciones únicamente podrán destinarse a personas que sean mayores de 65 años o tengan una discapacidad, que cuenten con rentas anuales no superen cinco veces el IPREM en el momento de la suscripción del contrato de arrendamiento o de cesión y que no dispongan de una vivienda accesible en propiedad o en usufructo dentro de España.

En estos casos, el precio del alquiler o de la cesión en uso está limitado. Durante el primer año de vigencia del plan no podrá superar el importe de 10 euros mensuales por metro cuadrado útil del alojamiento. Posteriormente, se irá actualizando anualmente conforme al Índice de Precios del Consumo (IPC).

Las personas con discapacidad pueden acogerse a las subvenciones propias del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 para la rehabilitación o la adecuación de vivienda, como una ayuda máxima de 700 euros por metro cuadrado de superficie útil. Según establece la norma, esta subvención no podrá superar el 50% de la inversión de la actuación, con un límite máximo de 50.000 por vivienda.

Pero no solo los propietarios pueden adecuar la vivienda habitua, el artículo 24 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) contempla que el arrendatario pueda realizar obras en el interior de la vivienda para que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad siempre que no afecte a elementos o servicios comunes del edificio ni provoquen una disminución en su estabilidad o seguridad. Estos criterios también se aplican si la persona con discapacidad es un familiar o una persona con la que se mantiene una relación afectiva estable y reside de forma permanente en la vivienda.

Fuente: Servimedia

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