El Consejo de Ministros aprobó el viernes una declaración institucional para reconocer a quienes han sufrido esta práctica, suprimida del Código Penal en diciembre de 2020
María Sosa Troya en El País.
La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha pedido este jueves perdón a las mujeres con discapacidad que han sido víctimas de esterilizaciones forzadas, «una gravísima vulneración de los derechos humanos» que «se ha permitido durante demasiado tiempo». Esta práctica se suprimió en España del Código Penal en diciembre del año pasado. Hasta entonces, un juzgado podía decidir si una persona que estuviera incapacitada judicialmente debía ser esterilizada, atendiendo a su «mayor interés», algo que las organizaciones de defensa del colectivo de personas con discapacidad aseguran que ha afectado en la mayoría de los casos a mujeres y niñas. Durante años pidieron que esta forma de violencia fuera eliminada.
