Pablo Bustinduy será el nuevo ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Entre sus retos más acuciantes al frente a de este ministerio está la reforma del artículo 49 de la Constitución española, una cuestión que lleva tiempo enquistada por la falta de consenso entre los partidos políticos.
Este artículo está redactado actualmente como sigue: “Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
«Asumo el reto con responsabilidad y gratitud a quienes me han precedido. Dedicaré mi tiempo a ampliar los derechos sociales, condición esencial de la democracia, a defender un modelo de consumo justo y sostenible y a que España sea referente de desarrollo e igualdad. Vamos ello”.
Bustinduy, de 40 años, que fue miembro de la Ejecutiva de Podemos como secretario de Internacional desde 2015 y diputado y portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Asuntos Exteriores desde 2016. Adscrito a la corriente «errejonista», cuando Errejón abandonó el partido a comienzos de 2019 para unirse al Más Madrid de Manuela Carmena, él renunció a ser cabeza de lista a las elecciones europeas de mayo de ese año y dejó la política, hasta que Sumar lo recuperó este verano como uno de sus portavoces de campaña, en su caso de Exteriores.
El movimiento asociativo reclama desde hace años esta modificación de la Carta Magna, que espera pueda salir adelante en la presente legislatura.
Otra de las cuestiones que Bustinduy tendrá que afrontar como ministro es el reclamó de las entidades del Tercer Sector de aumentar del 0,7% al 1% la asignación tributaria del IRPF y del Impuesto de Sociedades destinada a proyectos sociales.
En cuanto a la financiación de la dependencia, el nuevo ministro de Derechos Sociales tendrá que concretar el compromiso reflejado en el acuerdo suscrito entre PSOE y Sumar, según el cual se busca que la financiación del Estado en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) alcance el 50%.
Asímismo, tiene encomendada la misión de poner en marcha una Estrategia Estatal de Desinstitucionalización y la adaptación de la Ley de Dependencia para “impulsar un cambio en el modelo de cuidados y apoyo a las personas dependientes, mejorando la calidad de la atención, personalizando los apoyos y priorizando la atención domiciliaria frente a la residencial”.
El nuevo Gobierno aboga por “abaratar” la factura eléctrica, “reforzar” los instrumentos de protección a los consumidores “vulnerables” para combatir la pobreza energética.
