En su primera intervención, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 Pablo Bustinduy, se comprometió este martes a profundizar en la plena protección de los derechos de las personas con discapacidad empezando por la reforma del artículo 49 de la Constitución en referencia a la eliminación del término “disminuidos” de la Carta Magna para sustituirlo por el de «personas con discapacidad».

Su departamento planteará la aprobación de la “primera ley estatal de servicios sociales” con el fin de asegurar así la igualdad efectiva en el acceso a un servicio publico que juzgó fundamental.

“Asumo esta responsabilidad siendo consciente de que nuestro tiempo en las instituciones ha de ser breve, pero los avances que logremos en ellas deben perdurar”, abundó, convencido de que el “escudo social” desplegado para “combatir” la pandemia, en el que el Ministerio “desempeñó un papel protagonista”, pasará «a la historia” como el “punto de inflexión que permitió una recuperación justa e inclusiva”.

«Con las personas mayores, trabajaremos para afianzar un nuevo modelo de cuidados priorizando la atención domiciliaria y el entorno comunitario, como va a plantear la estrategia estatal de desinstitucionalización”, abundó, para agregar que, junto a los agentes sociales, su gabinete continuará trabajando desde la Mesa de Diálogo Social de Dependencia en la “mejora definitiva del sistema y de las condiciones laborales del sector”.

Dependencia

Respecto al Tercer Sector de Acción Social se comprometió a “asegurar” el cumplimiento del “importante acuerdo marco” que Belarra firmó la anterior legislatura y con las comunidades autónomas y las entidades locales proseguirá la “intensa senda de acuerdos logrados en estos años» en el marco del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Junto a las asociaciones de defensa y protección de los derechos y el bienestar de los animales, trabajará en los desarrollos reglamentarios de la ley y con las asociaciones de consumidores y usuarios seguirá avanzando hacia un modelo de consumo más seguro, saludable y sostenible siempre priorizando la defensa de quienes estén en situación de vulnerabilidad así como ensanchando el campo legal e institucional de la protección de los consumidores y actuando de manera decidida frente a fraudes y prácticas ilegales.

Por otro lado promete la ampliación del bono social eléctrico y una “protección reforzada” frente a desahucios y lanzamientos, el refuerzo de los servicios sociales como espacios de detección precoz de la violencia de género y el desarrollo de una estrategia nacional para la soledad no deseada se encuentran también entre los muchísimos temas en torno a los cuales agradeció especialmente a los equipos salientes que “hayan dejado tan avanzados.

“Soy consciente de que enfrentamos este desafío en un tiempo de grandes transformaciones. A la emergencia climática se añaden múltiples crisis relacionadas, sanitarias, económicas, de seguridad, medioambientales, que van multiplicando la inestabilidad, la desigualdad y la vulnerabilidad de nuestras sociedades”, agregó.

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