El Gobierno de Cantabria, a través de Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior anunció reformas en la ley para personas con discapacidad.
La Consejería de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior de Cantabria y la Fundación Tutelar han anunciado que continuarán trabajando juntos de cara a la puesta en marcha de la nueva ley de personas con discapacidad.
Dicha ley, la Ley 8/2021, de 2 de junio, entrará en vigor el próximo día 3 de septiembre. La misma, con incidencia clara de la Administración de Justicia, contará con «una reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica», según reza el comunicado emitido por el Gobierno local.

Una reunión para establecer las bases de colaboración
Como punto clave y con el fin de establecer las bases de colaboración, se reunieron la consejera, Paula Fernández Viaña; el subdirector general de Justicia, Joaquín de la Serna; el presidente de la Fundación, Manuel García-Oliva; el director-gerente de AMPROS y Roberto Álvarez, miembro del Patronato de la Fundación Tutelar.
«Pondremos los medios y mecanismos necesarios para apoyar la entrada en vigor de la nueva ley de la capacidad jurídica de las personas y el acceso a la justicia que afecta, sustancialmente, a la tutela de las personas con discapacidad intelectual», afirmó Fernández Viaña.
Un proyecto que mejorará la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual
«Queremos agradecer la disposición de la Fundación hacia el Gobierno cántabro para poner en marcha un proyecto muy ilusionante que, permitirá mejorar la calidad de vida, desde una perspectiva jurídica, de las personas con discapacidad intelectual», contó.
Asimismo, miembros de la Fundación Tutelar, que han trabajado de forma estrecha con el Gobierno con la puesta en marcha de la nueva ley, han decidido trasladar «una propuesta de convenio de colaboración entre ambas entidades para el desarrollo de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el marco de la capacidad jurídica de la persona, del acceso a la justicia, de la participación política y pública y del ejercicio efectivo de sus derechos, con objeto de que su contenido sea analizado por la Administración autonómica», finalizaron.

























