Casi 138 millones de euros para la promoción de la salud de las personas con discapacidad

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El Consejo de Ministros ha aprobado el primer Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad (prevención de deficiencias e intensificación de discapacidades), a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y a través de la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

Este plan obedece a un mandato legal recogido en la disposición adicional sexta de la Ley General de Derechos de la Personas con Discapacidad que estaba parado desde hace una década y se enmarca en la Estrategia Española de Discapacidad 22-30 respondiendo al mandato de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Dotado con 137.452.129 euros, el plan se extiende desde la etapa infantil hasta el proceso de envejecimiento y otras enfermedades sobrevenidas, accidentes, síndromes, etcétera que cursen con una discapacidad actualmente reconocida por el grado de discapacidad.

“Esta política pública estatal será feminista para que las mujeres y niñas con discapacidad tengan voz propia en la sanidad y pivota sobre la atención temprana y el desarrollo infantil saludable como primer estadio de prevención de deficiencias y en la accesibilidad a los servicios sanitarios y como presupuesto irrenunciable para el disfrute a la salud por las personas con discapacidad” explica Jesús Martín Blanco, director general de Derechos de Personas con Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

De igual forma, añade Martín Blanco, incluye medidas orientadas a la investigación, formación y toma de conciencia “para que se aseguren evidencias y se eviten discriminaciones en el acceso a la sanidad”.

Las seis líneas de acción se concretan en los siguientes puntos:

  • Prevención y apoyo al desarrollo infantil en entornos familiares y comunitarios saludables: Para lograr este objetivo las acciones destacadas son: reconocer la atención temprana como un derecho subjetivo; la constitución de un Sistema Estatal de Atención Temprana; o la puesta en marcha de programas de detección precoz de deficiencias.
  • Igualdad y no discriminación, accesibilidad universal y participación en el acceso a los servicios y programas de salud y sociales, con especial consideración a las mujeres y niñas con discapacidad: Para lograrlo se deberán incorporar medidas de accesibilidad y de apoyo en las normativas y planes estatales para que las personas con discapacidad decidan en cuestiones de su salud, sobre la base del consentimiento informado, poniendo especial atención a la salud ginecológica y obstétrica de las mujeres. Será necesario también promover el empoderamiento de las mujeres y niñas con discapacidad sobre sus derechos sexuales y reproductivos, aprobar salvaguardas legales para que los mismos queden garantizados, declarar las esterilizaciones y los abortos coercitivos como violencias contra las mujeres, así como incorporar cambios normativos para que la teleasistencia sea universalmente accesible.
  • Promoción de la salud y prevención de enfermedades y otros factores causantes de discapacidad: En este sentido se detallan acciones como la ya aprobada modificación del procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. También, contribuir a que se despliegue la Estrategia Nacional de Salud Mental y el Plan de Acción 2021-2024 Salud Mental y COVID-19, así como la puesta en marcha de un teléfono público de prevención del suicidio universalmente accesible o el etiquetado accesible para todas las personas en los productos alimentarios.
  • Promoción del envejecimiento saludable a lo largo de toda la vida: Se deberá incluir la situación de la discapacidad en la Estrategia Nacional de Lucha contra la Soledad no Deseada y se trabajará para aprobar criterios comunes de acreditación y calidad de centros y servicios del SAAD centrados en la persona. Se investigarán y adoptarán también medidas para prevenir y erradicar las violencias en cualquiera de sus formas contra las personas mayores con deficiencias adquiridas asociadas a la edad y, en especial contra las mujeres mayores.
  • Prevención de la intensificación de discapacidades en concordancia con los principios y derechos reconocidos por la Convención: Las medidas van orientadas a desarrollar una estrategia estatal de desinstitucionalización y apoyo a la vida independiente y ofrecer modelos de viviendas accesibles y comunitarios. También se trabajará en el desarrollo de la prestación de asistencia personal aprobando una regulación estatal con criterios unificados, desde la personalización y flexibilización para facilitar la vida independiente en la comunidad y se pondrán en marcha actuaciones en materia de cuidados de larga duración para personas con grandes necesidades de apoyo, con especial atención a las enfermedades degenerativas.
  • Investigación, formación y toma de conciencia: Para lograr este objetivo se promoverá una línea de investigación e innovación sobre accesibilidad universal y diseño para todas las personas en productos y tecnologías de apoyo en el ámbito de la salud, con especial foco en la dimensión digital y que se aplicará a través del Real Patronato sobre Discapacidad, del Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas (CEAPAT) y del Instituto de Salud Carlos III. Del mismo modo se impulsará una investigación sobre la situación de las personas con discapacidades orgánicas y psicosociales que permitan visibilizarlas; se promoverán estudios acerca de la sobremedicación y tratamientos involuntarios en personas con discapacidad; y formará a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, del poder judicial, y de los servicios de atención sanitaria y servicios sociales, sobre prevención y detección de violencias hacia las personas con discapacidad, en especial hacia las niñas y las mujeres.

La elaboración del Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad ha contado con la asistencia técnica del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), así como de organizaciones y profesionales vinculados a la atención de las personas con discapacidad.

Este plan cuenta con un sistema de gobernanza y evaluación desde el Consejo Nacional de la Discapacidad, en coordinación con el Real Patronato sobre Discapacidad y el Observatorio Estatal de la Discapacidad. Anualmente se elaborará un informe para evaluar sus resultados.

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