Tras el rechazo judicial, Castilla-La Mancha hace revisión de sus medidas aplicadas a centros y residencias y aprueba más de dos visitas semanales a los mayores
Después de que el Tribunal Supremo avalara al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en lo referente a dar marcha atrás con algunas partes de la anterior normativa, la comunidad manchega rebaja a simple «recomendación» lo que hasta hacía bien poco era una obligación, consistente en testar semanalmente a aquellos trabajadores de centros y residencias de mayores no vacunados.
¿Qué supone esto? Que se vuelve mera recomendación que los empleados que vuelvan de vacaciones no traten con no vacunados. De este modo, desaparece también la obligación de cribar a los trabajadores de estos centros residenciales.
Castilla-La Mancha cambia su estatus de «obligación» a «recomendación»
La jornada del lunes en Castilla-La Mancha ha iniciado con una corrección del Gobierno regional en las medidas preventivas tomadas hace poco en las residencias, una marcha atrás que ha quedado constancia en la publicación de hoy del Diario Oficial de la comunidad, a través de la publicación de la nueva versión de las medidas contra la expansión del coronavirus en los ámbitos de las residencias de mayores.
Se trata de un revoco impulsado por la resolución de la Consejería de Bienestar Social que hoy mismo ha entrado en vigor, y que responde al rechazo en banda de las prevenciones anteriores de la Junta manchega por parte tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Superior de Justicia de la región.
«El Gobierno regional acepta, como no puede ser de otra forma, la decisión de los jueces y publicamos nuevas medidas, sólo recomendando las pruebas preventivas», en palabras de Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social de la región. Unas declaraciones que matizan asimismo que «el Gobierno de Castilla-La Mancha tiene el único objetivo de proteger a toda ciudadanía en el ámbito de la salud, en el ámbito social y en el ámbito económico, y en esta línea se estudia la manera de poner medidas preventivas en marcha dentro del marco legal».
Bajo ese prisma de protección ciudadana, García Torijano ha subrayado en ese sentido que «no se deja de lado seguir estudiando la posibilidad de nuevas medidas dentro del marco legal», independientemente de aceptar la resolución del Tribunal Supremo, y eso «junto con las entidades que gestionan centros residenciales para personas mayores», los primeros en compartir con el Gobierno regional en el que se perfila la consejera «la necesidad de establecer medidas de carácter preventivo para proteger la salud de los residentes y trabajadores».
¿Y a qué apunta la actualización de estas medidas?
Se exige que los responsables de cada una de las residencias y centros de mayores de la comunidad informen a cada uno de los visitantes acerca de las medidas de prevención e higiene instituidas en los dominios de la institución.
A ello se suma además que el régimen de visitas de los residentes que no están en aislamiento o cuarentena se mantenga en dos visitas semanales, sin motivo de que se les prive de ellas, y lo mismo reza para aquellos mayores residentes que no han estado en contacto con ningún positivo y que tampoco presenten síntomas compatibles con la enfermedad del Coronavirus.
Vaya por delante que ninguna de estas nuevas medidas es inamovible, a pesar de haber tumbado lo prestablecido anteriormente, de lo que se deduce que las autoridades se han reservado la posibilidad de adaptar las normas en función de la dirección a la que vaya apuntando la valoración realizada por las personas responsables de salud pública.
Según lo plasmado en el propio texto, las directrices de Castilla-La Mancha pasan ahora por recomendar que, ante un posible brote de contagio por coronavirus en el centro, los responsables de dicha entidad no nieguen del todo las visitas y sí prioricen preferentemente la presencia de aquellas personas visitantes que ya hayan completado la pauta de vacunación.
Las visitas, eso sí, estarán determinadas por solicitud de cita previa, y tendrán lugar en el exterior, siempre que sea posible, llevando puesta la mascarilla en todo momento tanto la persona residente a la que se le ha ido a visitar como la persona visitante que ha acudido temporalmente al centro. Para contar con la aprobación de los responsables de la institución, el visitante no podrá presentar un cuadro clínico que se asemeje o sea compatible con la infección por virus SARS-CoV-2, obviamente.
De igual forma, habrá un registro de visitas en el que se haga constar todos los datos identificativos y de contacto del visitante. Una táctica que al tratarse de residentes que no pudieran desplazarse cobrará tintes más severos hasta garantizar el acceso a través de un circuito seguro, a fin de minimizar las entradas y salidas de los visitantes a zonas comunes.
En el caso de los visitantes que acudan para acompañar a un residente en los momentos finales de la vida, se ha establecido que podrán asistir a la visita un número de personas autorizadas específicamente por el propio centro, incluyendo asistencia espiritual, atendiendo a las características de este y tras una valoración individualizada del caso concreto.
En cualquier caso, la duración de las visitas será flexible, lo que significa que estará sujeto a la situación de la persona enferma y los criterios del centro, manteniendo siempre las adecuadas medidas higiénicas y respetando las debidas medidas de seguridad.
