La Generalitat de Cataluña, merced a un Decreto soberanista ad hoc, trata de impedir que los directores de las escuelas cumplan con la sentencia del 25% de castellano.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que obligaba a impartir al menos un 25 por ciento de clases en castellano en el sistema educativo en Cataluña parece haber encontrado respuesta por parte de la Generalitat.
La Generalitat de Cataluña, merced a su decreto, trata de impedir que los directores de las escuelas cumplan con la sentencia del 25% de castellano
La misma se produce a través de un decreto que trata de impedir que los directores de las escuelas cumplan con la sentencia adoptada por el anteriormente mencionado TSJC. La decisión del Ejecutivo encabezado por Pere Aragonés reafirma la intención del Govern de «maniatar a las direcciones de los centros para asegurarse que su política lingüística coincide plenamente con la de la Generalitat».
Una idea clara por parte del Govern de Cataluña
Así, el propio Govern ha manifestado la «inaplicación de parámetros numéricos, proporciones o porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas», haciendo caso omiso de lo dictado por el Alto Tribunal.
Asimismo, recomienda a los colegios públicos y concertados «elaborar un proyecto lingüístico que siga los criterios fijados por el departamento competente en materia de educación». Una intención que choca frontalmente con las palabras pronunciadas por la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha garantizado «que las leyes y las sentencias se cumplen», en clara alusión a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
