La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) reivindica la necesidad de revisar la Ley de Dependencia para adaptar sus recursos a las necesidades de las personas diagnosticadas con Alzhéimer precoz que, fundamentalmente, deben centrarse en promover su autonomía personal, entendida como la prolongación de los períodos en los que pueden continuar siendo autónomas y que tiene, como máximo exponente, su reinserción laboral.
En ese sentido consideran que los recursos especializados no están implantados en el Sistema Nacional de Salud (SNS) ni tampoco las terapias no farmacológicas necesarias en los tratamientos. Por ello, el panel de expertos de personas con Alzheimer (PEPA) promovido por la citada entidad, demanda revisar y adaptar la ley de Dependencia para que se ajusten a las necesidades específicas de este colectivo.
Durante la presentación del informe «De la reivindicación a la acción. Alzheimer y Dependencia», presentado en el Centro de Referencia Estatal del Alzheimer y otras Demencias de Salamanca (CREA), se han estudiado las necesidades reales de estos pacientes y las recomendaciones y exigencias dirigidas a quienes intervienen en el abordaje integral de esta enfermedad.
En relación a los temas a abordar consideran que la ley de Dependencia desde la perspectiva de la falta de adecuación de sus recursos a las necesidades reales de un colectivo creciente de potenciales beneficiarios debiera revisarse. Por otro lado, actualmente la situación en la que quedan las personas jóvenes con diagnóstico temprano de Alzhéimer en relación con el mercado laboral no responde tampoco a los intereses de dicho colectivo.
Hay que resaltar de igual forma el estado actual de la demencia en general y del Alzheimer en particular. Es necesario recordar que los costes son inasumibles y están derivados de la atención integral a la persona con demencia en el domicilio. La ausencia de dotación económica adecuada tanto en calidad como en cantidad y la heterogeneidad no siempre es contrastable en la atención a las personas ofrecidas por los centros públicos y privados.
“Aunque esta reivindicación pueda parecer repetitiva, sigue siendo fundamental incrementar los esfuerzos de todo tipo en apoyar y fortalecer la investigación, privilegiando, entre otras cosas, aspectos clave como aumentar la financiación, facilitar el acceso a los ensayos clínicos, optimizar los mecanismos de comunicación y difusión de los resultados de los diferentes proyectos de investigación biomédica, impulsar nuevos proyectos de investigación social y sociosanitaria, etc.”, publica el informe.
Cierto es que respecto a la investigación los miembros del panel de expertos consideran que en los últimos veinte años poco se ha avanzado para combatir esta enfermedad. En ese sentido el documento refleja la necesaria.
La Ley de Dependencia no ha sido capaz de adaptarse a las necesidades de este nuevo colectivo, lo que está provocando un agravamiento de la condición padecida y una evolución más rápida de la demencia. De esta manera, a la persona le llega antes su declive cognitivo y funcional.
- La Ley de Dependencia exige ser revisada y adaptada a las necesidades específicas de las personas con demencia, que representan más del 60 % del total de sus potenciales usuarios o beneficiarios.
- La Estrategia de Enfermedades Neurodegenerativas del Sistema Nacional de Salud, que debiera dar un paso más y ser implementada en todas las comunidades autónomas.
- El Plan Integral (Nacional) de Alzheimer y otras Demencias 2019-2023, que exige una revisión y actualización, así como una dotación presupuestaria adecuada en cantidad y calidad contemplada en los propios Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, el Plan no ha visto la luz al no haber sido dotado presupuestariamente.
