El Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs) ha mostrado su desacuerdo a la propuesta efectuada por el Ministerio de Derechos Sociales de destinar doscientos millones de euros a las autonomías que se comprometan a aplicar el acuerdo sobre los criterios comunes de acreditación de centros y servicios del sistema de autonomía y atención a la Dependencia.
Excepto nueve comunidades, todas gobernadas por el PSOE, más la Comunidad Valenciana, todas han mostrado su oposición al nuevo modelo de acreditación y de ser así, ninguna de ellas recibiría ni un solo céntimo de esos 200 millones de euros.
Según la presidenta, Cinta Pascual, “el sistema de reparto del Acuerdo de acreditación y calidad es discriminatorio y alejado de cualquier criterio racional y en beneficio de las personas mayores. Proponemos un sistema alternativo de reparto de estos fondos basado en la mejora de la calidad del servicio. Se trata de establecer un criterio objetivo y evaluable. Por todo ello, proponemos fijar un indicador mínimo de ratio global de personal, y que las comunidades que lo cumplan puedan recibir estos fondos”.
Para ella, la división territorial en nada mejora la situación de la atención a los mayores en situación de dependencia.
“Las familias quieren más profesionales en las residencias, los sindicatos también lo ven así, y desde la parte empresarial siempre hemos estado de acuerdo con esta medida si se aumenta la aportación pública. El Gobierno tiene una ocasión única para apoyar una iniciativa objetiva, evaluable y no discriminatoria”, ha añadido Pascual.
