CEE: polémica por la reserva de contratos públicos en Europa

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Tras la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el recurso interpuesto acerca de la concesión exclusiva a los Centros Especiales de Empleo (CEE) con iniciativa social, (para que fueran los únicos en participar en los procedimientos de adjudicación de contratos públicos), existe aún una polémica en torno a la reserva de los contratos públicos.

Todo empezó cuando el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa oficializó su acuerdo a favor de las instrucciones dirigidas a los órganos de contratación en España, concediendo únicamente a los Centros Especiales de Empleo especializados en iniciativas sociales la potestad de dirigir los contratos reservados, dándoles, por ende, el derecho exclusivo a participar en procedimientos de adjudicación de contratos públicos, y quitando del mapa de capacitantes, en el marco de programas de empleo protegido, al resto de Centros Especiales de Empleo.

La medida, adoptada el 15 de mayo de 2018, acabó en las bandejas de asuntos por resolver del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en forma de decisión prejudicial con carácter de litigio.

¿Qué normas impulsaron esta protesta que acabó ante los Tribunales de la UE?

Si bien para su aprobación el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa se basó en lo dispuesto en la DA 4ª y DF 14ª de la Ley de Contratos del Sector Público —los cuales transponen al ordenamiento jurídico español el artículo 20 de la Directiva 2014/24—, no puede decirse que esta decisión mereciese la aquiescencia de los Centros Especiales de Empleo.

La disconformidad mostrada por los centros especiales de empleo, que tomó tintes normativos cuando se puso sobre la mesa el recuerdo de la existencia de la mencionada Directiva 2014/24 sobre contratación era la clave de la problemática. También, en el hecho de que dicha directriz matizara en su texto que tal potestad únicamente se podría aplicar a operadores y empresas económicas capaces de acreditar que cumplen el requisito de que el 30 por ciento de sus empleados, como mínimo, son personas con discapacidad, amén de que demostraran practicar la finalidad u objetivo de integración profesional y social en favor de tales empleados.

Pese a que todos los Centros Especiales de Empleo cumplen esos requisitos —y aun cuando en el ejercicio de su labor realizan la misma función de integración sociolaboral que las personas con discapacidad—, la normativa española establece otros requisitos adicionales, fundamentados en la Constitución. Todos ellos subrayan el carácter y fines de dichos empleados con discapacidad, mirando por su actividad o modo de inversiones; un punto clave en el que el TJUE ha basado su dictamen final.

Una satisfacción que alcanza también a CONACEE

CONACEE, entidad que incluye Federaciones y Asociaciones de Centros Especiales de Empleo, ha sido una de las primeras en dejar traslucir su satisfacción porque el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea se haya pronunciado sobre la cuestión del acceso a los Centros Especiales de Empleo en España y la contratación reservada en el país.

Así, a tenor de lo sentenciado por el TJUE, la puesta en marcha de los principios de igualdad y proporcionalidad ponen de manifiesto que aquellos CEE que derivan de empresas no pueden ser excluidos del acceso a la licitación pública de los contratos reservados. ¿Cómo se acopla entonces lo pronunciado por el Tribunal de la UE en este panorama?

Significa que al aplicar la sentencia se debe ceder obligatoriamente el reconocimiento del acceso a la contratación reservada de los CEE de procedencia empresarial, al menos en términos de eficacia.

Y lo mismo debe ocurrir con la cantidad y calidad del empleo para personas con discapacidad, habida cuenta de que dichos centros son el instrumento más eficaz para la integración social y laboral de este colectivo con discapacidad, una medida que aprueba el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y Dependencia (CEDDD).

¿Qué vendrá a partir de ahora tras la resolución de la UE?

Si bien el veredicto del TJUE delega la decisión en manos del Tribunal del orden contencioso que proponga la cuestión prejudicial, aclara no obstante que los centros de procedencia empresarial deben ser admitidos sin excusas, siempre y cuando su eficacia social, vinculada a la generación de empleo para personas con discapacidad, se pueda igualar a la demostrada por los Centros Especiales que a su vez derivan de entidades declaradas sin ánimo de lucro. Un análisis que, por lo demás, siempre debe realizarse, sí o sí.

Cabe añadir, en este sentido, que durante los últimos cinco años, los 1.443 Centros Especiales de Empleo a iniciativa empresarial que funcionan hoy en España han generado una media de más del 50 por ciento de los empleos de personas con discapacidad que actualmente existen en el mercado de trabajo protegido, lo que ya habla por sí solo y objetivamente de su aportación a dicho sector laboral. Ángel Luis González Olivares, portavoz de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) ha aportado en entrevista con Prensa Social más detalles en este aspecto:

«En los últimos años, los Centros Especiales de empleo de iniciativa privada no sólo han mantenido puestos de trabajo, sino que han crecido, es decir, hemos dado más oportunidades». Tal y como hace ver, «lo importante es que hemos soportado varias situaciones importantes de la crisis, manteniendo los puestos de trabajo», apunta González.

Por todo ello, el CEDDD no ha tardado en declarar pública y abiertamente su apoyo, primero a la medida del Tribunal Europeo, y luego también a todas las entidades representadas por CONACEE, respaldando su admitido enlace y compromiso absoluto con la generación de empleo sostenible y de calidad.

Una aprobación que subraya la necesidad de no excluir a nadie, persona o entidad, y de sumar esfuerzos en común, a la par que requiere continuar participando con todas las entidades que conforman el sector laboral del empleo en favor de las personas con discapacidad.

De ahí, por supuesto, la importante necesidad de la normativa europea apuntada y recordada en el texto del dictamen del TJUE, pues con ella en mano y por delante, se puede llegar a sacar el máximo de oportunidades laborales para las personas con discapacidad, y hacerlo eficazmente.

Un detalle que, por descontado, requiere priorizar a las personas englobadas en el colectivo con alguna deficiencia, por un lado, sin descuidar por ello la participación de todos los Centros Especiales de Empleo en el acceso a los contratos reservados de las licitaciones públicas.

La resolución del Tribunal Europeo genera dudas e incertidumbre

El dictamen del TJUE habla mucho de calidad y eficacia. Pero para González y el equipo de CONACEE que representa, hay varios aspectos del texto que el Tribunal no aclara. A falta de una opinión general que puedan dar, Ángel Luis admite que, si bien «es verdad que todavía no tenemos una opinión general», ello se debe a que «la interpretación nos ha generado unas dudas», por lo que «ahora mismo estamos en la fase de interpretar lo que dice la resolución».

¿La más importante? La necesidad de aclarar «qué entendemos por eficacia», o más bien cuál es la interpretación de las administraciones jurídicas de la UE y del Gobierno Vasco a este respecto.

«Como la resolución del Tribunal de la Unión Europea deriva a España y, más concretamente, al Gobierno Vasco para que interprete y trabaje en lo que es la eficacia de los Centros Especiales de Empleo, las dudas que tenemos se basan principalmente en que los Centros Especiales de Empleo a iniciativa social trabajan supuestamente bien, pero los que son de iniciativa privada, a la cual representamos… tenemos dudas de si lo estamos haciendo igual de bien», comenta.

En este sentido, el representante de CONACEE no se refiere a las carencias de actividades de la Confederación, sino a la necesidad de asegurar que dichas actividades aplicadas se encuentren realmente dentro del abanico de ejercicios contemplados en la resolución.

«Nosotros garantizamos puestos de trabajo, respetamos el convenio colectivo», expone Ángel Luis, «generamos trabajo para personas que tengan o no discapacidad, aunque simplemente priorizamos a las personas con discapacidad, les damos unos puestos estables y viables. Creemos que la eficacia está un poco garantizada, pero no hay que decirlo sino demostrarlo, y ésa es nuestra duda. ¿Cómo podemos demostrar que somos eficaces, más allá de nuestra propia opinión?»

CONACEE cree que el TJUE no ahonda en los datos

La respuesta a la interrogación anterior es simple, según el representante de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo —la patronal más antigua del sector, dicho sea de paso—: «hay que describir datos». Lo que a priori puede parecer obvio precisa no obstante de matización, respaldo y asentimiento por parte de los organismos competentes. Así, dentro de esos datos, Ángel Luis menciona unos cuantos ejemplos:

«El nivel de empleo que se mantiene, la creación de nuevos Centros Especiales de Empleo, la distribución geográfica nacional y, evidentemente, los cambios que ha habido para bien del trabajador, porque el empresario ha respetado sus derechos».

A todo ello se suma además «la subida del salario mínimo personal, los convenios colectivos, incluso las prioridades que cada administración, de manera autonómica, ha ido gestionando».

En ese sentido, «creo que desde nuestros centros se ha trabajado bastante bien; pero ésa es nuestra opinión; tenemos que demostrarlo desde el punto de vista técnico para que esa credibilidad no sea sólo subjetiva, sino que sea también objetiva».

Entretanto, la Confederación está volcada en la tarea de recopilar los datos precisos de que ya se disponte.

«Son datos públicos que se pueden consultar en el Servicio Público de Empleo», nos aclara en la misma entrevista a Prensa Social el portavoz de CONACEE.

«Nosotros simplemente debemos recopilar esa demostración, para que principalmente podamos ver que no sólo es un tema del País Vasco, sino que es un tema nacional». Después de todo, y tal y como ha recalcado, «en esa eficacia está nuestra postura».

De momento, «ahora vamos a estudiar la manera en que podamos movilizar los trámites legales que se nos encomienden. Tenemos la resolución europea, y esperemos que donde nació todo esto, que fue en el Gobierno Vasco, podamos tener nuestras decisiones jurídicas administrativas», concluyó.

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