El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) lanzan el manifiesto ‘Por el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos’.
«La LOMLOE pone en peligro el derecho fundamental de los padres a elegir la educación de sus hijos, garantizado en el artículo 27 de la Constitución española, al establecer que sean ‘profesionales’ y no la familia quienes valoren a qué tipo de centro debe de ir el alumno con discapacidad».
Bajo esta premisa, arranca la iniciativa llevada a cabo por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), en un manifiesto bajo el lema ‘Por el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos’
Constitución, Derechos y Libertad de los progenitores
«Más allá de este derecho reconocido en la Carta Magna y por la comisión de los Derechos Humanos, está el hecho irrefutable de que nadie mejor que los padres puede garantizar el interés superior del menor, titular último de todos los derechos fundamentales, consiguiendo una educación adaptada a sus necesidades académicas, afectivas y sociales».
«Asimismo, la ley deja también deja en suspenso el futuro de los centros de Educación Especial, al relegarlos en su disposición adicional cuarta a la escolarización de alumnos que requieran una atención muy especializada y a que desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios», esgrimen los autores del manifiesto
Las redes sociales como altavoz de la #LibertadEducativa
Dicho manifiesto tendrá en las redes sociales otro altavoz, merced a la campaña que se inicia hoy, jueves 9 de febrero, a partir de las 11:00 horas (10:00 en la Comunidad Canaria) con el hashtag #LibertadEducativa. Si lo desea, puede participar en ella escribiendo uno o más tuits o a través de un post en plataformas de esta índole.
Las personas que así lo decidan pueden compartir un vídeo cercano al minuto apoyando el manifiesto, defendiendo el bienestar superior del menor o pidiendo la derogación de la LOMLOE
A continuación, les ofrecemos el manifiesto de forma íntegra, cuyo fin no es otro que garantizar una elección libre para los progenitores de los más pequeños en una decisión clave y con impacto para uno de los valores más importantes que puede tener una persona: la educación.
MANIFIESTO CEDDD – ANCEE ‘Por el derecho a elegir la educación que queremos para nuestros hijos’
La LOMLOE pone en peligro el derecho fundamental de los padres a elegir la educación de sus hijos, garantizado en el artículo 27 de la Constitución española, al establecer que sean “profesionales” y no la familia quienes valoren a qué tipo de centro debe de ir el alumno con discapacidad.
Los firmantes entienden que la elección delos padres garantiza el interés superior del menor, consiguiendo una educación adaptada a sus necesidades académicas, afectivas y sociales.
Coherente con sus principios fundamentales de pluralidad, transversalidad y libertad, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) junto con la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE) defiende la coexistencia pacífica de la Educación Ordinaria y la Educación Especial. Sin embargo, tras la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la llamada LOMLOE, no pueden dejar de manifestar su temor por la supervivencia de la segunda. Preocupación que comparten con sus socios, colaboradores y las familias de los cerca de 40.000 alumnos que se benefician de los servicios que presta la Educación Especial.
Nuestra inquietud se fundamenta en las modificaciones que la LOMLOE introduce en el artículo 74, en el que se hace referencia expresa a la Educación Especial, y más concretamente en sus puntos 2 y 3. En el primer caso, quita la potestad a la familia para elegir la educación del menor con discapacidad y se la da a un profesional, al establecer que será esta figura la que evalúe y valore qué tipo de centro le corresponde al menor; a nuestro entender, este hecho vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 27 de la Constitución española, que garantiza el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, y el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el cual se reconoce el derecho preferente de los padres para escoger el tipo de educación que desean para sus hijos.
Más allá de este derecho reconocido en la carta magna y por la comisión de los Derechos Humanos, está el hecho irrefutable de que nadie mejor que los padres puede garantizar el interés superior del menor, titular último de todos los derechos fundamentales, consiguiendo una educación adaptada a sus necesidades académicas, afectivas y sociales.
Por su parte, el artículo 74.3 abre la puerta al traslado de alumnos al modelo “más inclusivo” atendiendo a los resultados obtenidos al final de curso. Una evaluación en la que, de nuevo, se deja de lado tanto la opinión de las familias como la de los propios estudiantes con discapacidad, que en la mayoría de los casos son los primeros demandantes de la Educación Especial. Además, maneja una interpretación equívoca del concepto “inclusión”, asimilándola a la mera cohabitación y la no poco infrecuente tendencia a la acrítica inserción de alumnado con discapacidad en un contexto educativo que no siempre garantiza su atención especializada, necesaria para su situación personal concreta, excluyéndolo de facto de una adecuada inclusión en el sistema educativo y las diferentes modalidades creadas para tal efecto.
Debe entenderse la “inclusión” desde el derecho a su permanencia en dicho sistema educativo, garantizando que el alumnado sea atendido en sus necesidades propias, en orden a optimizar sus capacidades y su ulterior adaptación sociolaboral.
Respecto a los centros de Educación Especial, su supervivencia está en entredicho. Si bien es cierto que la ley no establece explícitamente su cierre, sí lo es que la LOMLOE, en su disposición adicional cuarta, los relega a la escolarización de alumnos “que requieran una atención muy especializada” y a que desempeñen la función de “centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios”. Con estas líneas, la LOMLOE pone en peligro toda una tradición de décadas de Educación Especial en España y condena a las escuelas especializadas en discapacidad a convertirse en centros de formación del profesorado.
Ante esta situación, el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) y la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), experta en la atención a la personas con discapacidad, reclaman la urgente derogación de la LOMLOE, para devolver a las familias y a los propios interesados la potestad de elegir los servicios más beneficiosos para su vida y garantizar así el derecho constitucional fundamental de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos, como principales garantes del interés superior del menor.
A través del presente manifiesto, las partes exponen su voluntad de poner todos los medios y trabajar conjuntamente para:
• Favorecer que el sistema educativo proporcione una respuesta adecuada a las necesidades específicas del alumnado con discapacidad, poniendo a su disposición recursos basados en criterios objetivos y profesionales.
• Defender el bienestar de los menores y sus familias en la etapa escolar, así como su tránsito a la vida adulta, y dar la mayor difusión posible a la problemática que actualmente existe en este sector.
• Garantizar el derecho a elegir libremente el modelo educativo de nuestros hijos, especialmente cuando éstos tienen necesidades educativas especiales. En este sentido, véase la ya conocida amenaza con eliminar la educación especial cuando miles de familias enteras abogan por ella.
• Garantizar la coexistencia de la Educación Ordinaria y los Centros de Educación Especial en nuestro sistema educativo, preservando la función de estos últimos como entidades especializadas en la educación para niños con discapacidad y necesidades educativas especiales.
• Potenciar el apoyo para una mayor eficiencia de Centros organizados y especializados, con Equipos Interdisciplinares que atiendan adecuadamente las necesidades y dificultades de cualquier índole.
• Defender que las familias son las principales y últimas responsables de la educación de sus hijos y que las Administraciones Educativas y demás profesionales actuamos por delegación. Y es obligación de las Administraciones Públicas respetar el derecho de las familias a la elección del Centro.
• Unir, representar y defender a todas las familias con sus necesidades y demandas.
En este sentido, movimiento CEDDD y ANCEE ponen en el centro a los menores con discapacidad y a sus familias, defendiendo su bienestar y apoyando su derecho a elegir el modelo educativo que garantice el interés superior del menor.
Por la mejor educación posible para todos.
