La Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (CONACEE) celebra la última sentencia sobre los CEE de iniciativa social.
Hace unos días, desde Prensa Social les informábamos de la decisión del Tribunal Supremo que desestimaba el recurso de casación interpuesto por CONACEE sobre el XV Convenio Colectivo General de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad.
CONACEE celebra la sentencia
Ahora, la misma entidad emite un comunicado en el que celebra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco sobre los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social.
«La sentencia censura la exclusión de los CEE de iniciativa empresarial del acceso a los contratos reservados, considerándola contraria a los principios de igualdad de trato y proporcionalidad proclamados por el ordenamiento de la UE»
Comunicado CONACEE
Y es que, en esta ocasión, la justicia sí da la razón a CONACEE y anula la reserva en la contratación pública sólo en favor de este tipo de centros. Este razonamiento se ha llevado a cabo teniendo en cuenta la aplicación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) del 6 de octubre de 2021.
CEE de iniciativa social
Por tanto, esta decisión de la justicia «anula la reserva a favor de los CEE de iniciativa social acordada por la Diputación Foral de Guipúzcoa al considerar que la Ley de contratos del Sector Público, lejos de garantizar los objetivos de inclusión de las personas con discapacidad que señalaba la Directiva comunitaria, de forma necesaria y proporcional, establece un injustificado tratamiento diferencial para los CEE denominados de iniciativa social, que provoca efectos tan desproporcionados, cuanto perjudiciales a los principios de la contratación (igualdad de trato y libre concurrencia)».
«La anulación de esta reserva en los contratos públicos refrenda la posición defendida siempre por CONACCE reclamando en contra de la expulsión del acceso a la licitación pública de más de la mitad de los CEE existentes en nuestro país (los de procedencia empresarial), poniendo en valor elementos absolutamente lógicos como el perjuicio a la libre concurrencia en materia de contratación y a la propia labor de defensa del empleo de las personas con discapacidad que realizan dichos centros», concluye la entidad en un comunicado.
