Sanidad rechaza exigir el Certificado Covid para entrar en bares a falta de soporte legal del pasaporte sanitario para vetar el ingreso a espacios públicos.
Certificado Covid en interiores: desavenencias entre las autonomías y Sanidad
Tras el Interterritorial celebrado ayer entre las comunidades autónomas y el departamento sanitario dirigido por Carolina Darias, la conclusión de Sanidad a los medios ha sido clara: no habrá reforma legal para que el Certificado Covid sirva como salvoconducto para la entrada en locales como bares y restaurantes.
Sin amparo legal, no habrá imposición nacional del Pasaporte
El Certificado Covid Digital de vacunación de la UE sólo debe ser utilizado para el uso para el que fue concebido, recordó Darias ayer a los medios de comunicación tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), por tanto, debe dársele un único uso, el de facilitar la movilidad entre países.
De este modo Darias dejaba claro que el Ejecutivo central no tiene intención de exigir el Certificado Covid para poder entrar en locales de hostelería; no mientras no haya una reforma legal que lo respalde, algo que tampoco descartó de manera rotunda realizar en el futuro.
Días atrás, el pasado martes 27, la propia Darias insistía en que el Gobierno no se plantea utilizar el Pasaporte Covid para «usos que no están regulados y que no son los que permite la propia UE con el respaldo del Parlamento Europeo», abundando además que sería «complicado» hacer «cualquier otro uso» extraoficial del pasaporte que fuera más allá de facilitar la «movilidad segura por el territorio».
A pesar de lo dicho, Darias afirmó después que obligar a los dueños de los locales a reclamar este documento a las puertas de sus establecimientos sí podría caber entre las «competencias» de salud pública de las autonomías, un detalle que no tienen tan claro los servicios jurídicos de su propio ministerio.
El pase olímpico de algunas comunidades
Aun con todo el rechazo de Sanidad a implantar la «medida» del Certificado Covid a las puertas de los bares, dos son las comunidades autónomas, Canarias y Galicia, que se han acogido a las competencias de salud pública de sus autonomías y ya han empezado a cribar clientes y a exigir la muestra del Pasaporte Covid o una prueba negativa para entrar en locales de hostelería y de ocio, como pubs o discotecas, si bien sólo en determinados municipios con alta incidencia.
La ministra Darias, que no tachó de ilegal la exigencia del pasaporte para entrar en los bares de Galicia y Canarias aunque le faltó poco, se contentó con recordar que la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre este asunto es contraria a utilizar el certificado para la hostelería, y eso después de que la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, avivara ayer miércoles las llamas del incendio que poco a poco se está concentrando en forma de polémica.
¿Cómo? Al dar a entender Maroto, poco antes de que arrancara el Interterritorial de ayer por la tarde, que Sanidad estaba abierta en ese foro a estudiar la exigencia del pasaporte Covid para entrar en los bares y discotecas, siempre que el certificado consiguiera «unas garantías jurídicas para darle uso en otros ámbitos para los que no ha sido validado». Una promesa de parlamentar que al final ni tuvo debate, a pesar del revuelo y la expectación provocado con las palabras de la titular de Turismo.
Certificado Covid en interiores, la medida que hace recelar a los juristas
Los servicios jurídicos del Estado siempre han planteado serias dudas sobre la utilización del pasaporte Covid para limitar derechos fundamentales, ciertamente, un arqueamiento de cejas legal que han mantenido desde el principio.
Y es que primero plantearon que podría ser inconstitucional usar este certificado de libre movilidad como criba mientras el cien por cien de la población no haya tenido opción a ser vacunada, pues formulada en este sentido, esta medida supondría una clara discriminación con respecto a los que todavía no han podido inmunizarse.
Más tarde arguyeron a la posible ilegalidad de establecer una ‘pena de facto’ a una conducta (negarse a ser vacunado) que no está penalizada en la legislación actual.
Buena parte de los juristas que consultaron tanto Moncloa como Sanidad al empezar a trabajar en la implantación del Certificado Covid, coincidieron en que el uso del pasaporte UE para impedir la entrada a comercios no pasaría el «filtro del constitucional», mientras la legislación actual no pase previamente por una reforma.
La abogacía del Estado se ha animado a apoyar la postura de Sanidad, entrando a recordar que ya el pasado viernes el Constitucional ya cerró casi definitivamente la puerta a que las administraciones puedan imponer la vacunación forzosa, incluso en pandemia, teniendo la actual legislación en la mano.
El Pleno de la corte, de hecho, acordó por unanimidad suspender la Ley de Salud de Galicia que faculta a las autoridades sanitarias autonómicas a imponer la vacunación a la ciudadanía gallega, razonando que no hay paraguas legal que ampare una inyección forzosa que «supone una intervención corporal coactiva y practicada al margen de la voluntad del ciudadano».
¿Qué significa esto? Que si no hay paraguas legal bajo el cual las autonomías puedan obligar a la gente a vacunarse, tampoco puede haber sanción o discriminación para los que no se inoculan, y eso mismo arguyen los servicios jurídicos del Estado.
