Mientras el desarrollo total de esta pionera normativa castellanomanchega está a la espera de la nueva ley estatal, contamos las experiencias de aquellos que ya han podido acceder a esa protección.
Alicia Avilés Pozo en elDiario.es, domingo 7 de noviembre de 2021.
El término «discapacidad» implica muchas connotaciones negativas contra las que luchamos desde algunos medios de comunicación. Implica la falta de capacidades de personas que, en muchas ocasiones, lo que presentan es una diversidad funcional o capacidades diferentes. Dejamos de adjetivarlas con el término «discapacitado» o «discapacitada» para no definirlas con ese ‘todo’. Y comenzamos a precisar que tienen una discapacidad, que puede ser física y/o intelectual, que puede ser de muchos tipos, pero que en ningún caso está por encima de sus derechos humanos y civiles. Uno de ellos es el derecho a decidir su futuro, sus planes, sus sueños. Para eso nació hace tres años la Ley de Protección y Apoyo Garantizado de Castilla-La Mancha, un empeño de Emiliano García-Page para dar garantías a estas personas cuando sus familiares o tutores ya no estén con ellas. Una salida para que no solo quedara en manos de un juez. Un recorrido vital que no las condene a la dependencia absoluta.
En esa línea también desde 2019 se ha conformado en la Consejería de Bienestar Social el nuevo Servicio de Planificación y Apoyo a la Discapacidad asumiendo las competencias de la Comisión Regional deTutela y trabajando, entre otros, en ámbitos como el desarrollo de la nueva regulación de protección y apoyo garantizado.
El director general de Discapacidad de Castilla-La Mancha, Javier Pérez Fernández, destaca la prioridad de una atención en plaza residencial, a falta de apoyos familiares, de las personas que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones. Estima que mediante la creación de nuevas plazas, en total son 300 las personas que han accedido a esta posibilidad en las diferentes tipologías de recursos y apoyos, pero sobre todo que se hayan quedado sin apoyos familiares.
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