Las personas con discapacidad se enfrentan a un escenario común y frecuente para ellos pero silente en la mayor parte de los casos de delitos de odio.
No se denuncian los delitos de odio porque se da por hecho que suceden y no hablamos solamente de Europa. Los efectos de esas denuncias pueden derivar en represalias y no son consideradas por los afectados quienes asumen que por el mero hecho de tener una discapacidad va a existir odio, discriminación, abusos e insultos en el día a día; una situación con la que conviven con pena y resignación.
Los delitos de odio se contabilizan con cifras menores que otros cometidos por diversas razones: racismo, xenofobia, misoginia, etcétera según apunta el ministerio del Interior en el informe publicado sobre la evolución de los delitos de odio en España.
- «No hay cultura de denuncia, es una situación de menor protección a personas vulnerables», dice Esteban Ibarra, presidente del movimiento contra la Intolerancia, criticando que las autoridades «no han sido proactivas».
Las plataformas en donde se propagan todos los discursos de odio parten de las redes sociales que exponencialmente reparten mensajes contra las personas con discapacidad y se legitiman las expresiones violentas contra ellos bajo el lema de la libertad de expresión que nada tiene que ver con ello.
Tópicos típicos, palabras descalificadoras, uso indiscriminado y peyorativo de la palabra subnormal, ostracismo, malos tratos, vulnerabilidad frente a la valentía supuesta de perfiles falsos hace que no se tenga conciencia del daño real que se hace y de la falta de recursos que los afectados tienen.
A mayor vulnerabilidad, mayor ataque, Ayúdenlos a denunciar y que salgan a la luz los valientes que machacan a una persona que no se puede defender.