El próximo año, las partidas para la dependencia serán de 2.629 millones de euros, generarán más de 35.000 nuevos empleos y reducirán un 25 por ciento la lista de espera.

La Administración General del Estado ha establecido, en términos absolutos, las partidas del año que viene destinadas al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, reservándole un incremento de otros 600 millones de euros para 2022, y ganando así 2.629 millones de euros en total.

Publicadas las partidas para la dependencia

La Administración General del Estado ha publicado a través de nota de prensa la evolución de su aportación a las partidas de la dependencia para el 2022. Una cuantía con presupuesto con el cual se podría llegar a atender a unas 131.000 personas beneficiarias del sistema de la dependencia durante un año, según sus propias estimaciones, siempre y cuando la lista de espera se vea reducida en un 25 por ciento, por supuesto, y a su vez se consiga generar más de 35.000 nuevos empleos en el sector.

Tras la estimación plasmada en el Anexo 3 del Acuerdo que activó y puso en marcha el Plan de Choque en Dependencia en 2021, la cuantía de financiación estatal 2022 contempla una subida de 600 millones de euros, en cambio, comparada especialmente con las cifras estimadas para 2021, donde 283.197.419 euros fueron destinados exclusivamente al presupuesto de dicho periodo.

Así, el escenario de incrementos de financiación dispuesto para el ejercicio del 2022 llama a la actuación a un nivel mínimo de protección de 400 millones de euros, a un nivel acordado de 200 millones, y a una financiación autonómica de 400 millones, lo que iguala el incremento de nivel mínimo.

Para la estipulación de todas estas cifras incluyó, y mucho, el pronóstico del número de personas que podrían atenderse desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, es decir, durante un año completo, calculando por ende el gasto promedio anual por persona beneficiarias.

Un promedio que, dicho sea de paso, se deduce del gasto anual certificado por las comunidades autónomas en 2020. Se tuvo en cuenta, de igual forma, el reparto de la financiación estatal, alineados con los provisionales datos difundidos en agosto de este mismo año por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Dependencia: por unas atenciones con mayor calidad

La Administración admite, asimismo, que mejorar la calidad y la intensidad de las atenciones brindadas es otra de las prioridades a obedecer y cumplir con este reparto presupuestario. Y es que, durante el 2020, el gasto medio por persona beneficiaria del sistema de la dependencia descendió a 7.991 euros, una caída que dejó apreciar las grandes diferencias existentes en esta materia entre unas comunidades autónomas y otras.

En este sentido, la Administración instituyó que los incrementos presupuestarios deben ir siempre acompañados de una medida de control, es decir, algún sistema que comprometa a las comunidades autónomas a reducir su lista de espera, por un lado, a la par que les azuza a mejorar la idoneidad de las atenciones servidas.

Entre tanto, el Plan de choque y el pacto de Estado por la Dependencia establecen que la lista de espera del sector de la dependencia debe ser la prioridad, mejor dicho, las medidas para acortarla. Actualmente, 433.000 personas en toda España engrosan este directorio, con una media de espera a nivel general por todas las regiones de unos quince meses, si bien esto varía según la comunidad autónoma; en algunas supera por mucho el doble y en otras, incluso, alcanza sin esfuerzo los dos años.

Así, financiar sin comprometer a los gestores autonómicos es una de las metas a alcanzar con esta bolsa presupuestaria del 2022 sobre las partidas de la dependencia, una muestra de fomento que apuesta por mejorar las arcas que Hacienda tiene reservadas a las consejerías autonómicas del país, evitando que dicha acción se convierta al final en incrementos reales de cobertura, o se traduzca en una invitación a seguir maquillando las listas de espera, llamadas ‘limbo’ por algunos, debido a su longitud, y hacerlo a golpe de servicios de bajo coste.

Apostando por una dependencia ecuánime

De hecho, Cantabria, Madrid, Castilla La Mancha y La Rioja no vacilaron en disminuir en 2020 el gasto anual invertido en la atención a personas en situación de dependencia, frente a lo tributado en el 2019.

Por otra parte, para la Administración se hace igual de preciso llevar a cabo reformas en la normativa nacional y autonómica, medidas que permitan la compatibilidad de las prestaciones, mediante las cuales, asimismo, sea factible agilizar los trámites, regular el copago y la Prestación Vinculada al Servicio, incrementar las intensidades y simplificar y unificar los procedimientos.

Bajo ese prisma de actuación a favor del lavado de cara de la dependencia, la Administración determinó a su vez que aquellas autonomías cuyo Gobierno regional inviertan por debajo de la media nacional establecida, deberán incrementar entonces su presupuesto propio, para evitar, sencillamente, que el desarrollo del Sistema de la Dependencia continúe afeado por esa desigualdad territorial.

De todo lo expuesto se deduce que, si bien el país ya cuenta con un presupuesto para el sistema de la dependencia, engordado respecto al del año anterior, siguen haciendo falta brindar una dependencia con mayor calidad; una característica basada en un aumento del compromiso y en tiempos de gestión más cortos, sin olvidar atajar por establecer procedimientos burocráticos más cortos y menos complejos, respetando eso sí la fijación de la prescripción social facultativa.

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