Según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que, a este ritmo, «se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite». Además, más de 45.000 personas dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
El recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia, al que puso fin el Plan de Choque, ha sido de 6.321 millones de euros.
El informe precisa que la Administración General del Estado ha aumentado en 1.842 millones de euros la financiación, llegando al 33,9%, mientras que las CCAA han reducido su aportación y disminuyen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.
«El incremento presupuestario del Gobierno de España no ha sido suficiente para cubrir los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el incremento en las intensidades. Esto es tremendamente preocupante» ha manifestado el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez.
Aunque por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), actualmente, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia).
El informe también pone de relieve que hay 91.295 personas atendidas más que a comienzos de 2022. En este sentido, los autores han apuntado que tras los años «desastrosos» de pandemia, «el plan de choque constata un cambio de tendencia».
Lo ha atribuido a tres razones, la primera, la «desidia e impericia de algunas comunidades autónomas que no están siendo ágiles» o están siendo «tan tacañas que han recortado el presupuesto» a pesar de recibir más fondos del Gobierno, mostrando una actitud «inmisericorde».
Por otro lado, existe la llamada «telaraña burocrática» que se refleja en los 344 días que se tarda en recibir la atención, casi un año. Y, ha apuntado el hecho de que, del incremento presupuestario del Gobierno en 2022 para dependencia, se dejaran sin gastar 55 millones de euros.
El 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado, afirma Europa Press.
Por territorios, las comunidades con mayor ‘limbo de la dependencia’, es decir, con más personas pendientes de recibir prestación, son: Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%); y las que menos, Castilla y León (0,18%), Castilla-La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).
En cuanto a las prestaciones que cada vez son menores, el estudio cifra que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros; y la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila entre 445,5 euros al mes (Grado II) y 550,8 euros al mes (Grado III).
Por otro lado, la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 horas al mes, 57,1 horas al mes para los grandes dependientes, lo que representa dos horas y media diarias de lunes a viernes, una intensidad «claramente insuficiente», según los autores del Observatorio.
Durante el periodo interanual comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia —19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos—.
Diariamente fallecen más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. «Un 20% de personas han fallecido esperando», han lamentado los autores.
Por primera vez, el coste global del sistema superó los 10.000 millones de euros, llegando a 10.495 millones de euros; y añade que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2022 asciende a 9.717 millones de euros, de los cuales, 7.723 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado (20,5%).
Los autores del informe indican que «solo» hay 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan las 60.000 que planteaban como objetivo el primer año. A este ritmo se tardarían once años en lograr la plena atención.
Hay que resaltar que en el informe figura que en el primer año del plan de choque, diez gobiernos de comunidades autónomas «hicieron caja» con elincremento presupuestario: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.
