España invierte menos que los países de la OCDE, tal y como recoge el informe «La dependencia en España. Una contingencia del siglo XXI», elaborado por el Instituto Santa Lucía en colaboración con AFI.
En los últimos meses, han tenido mucha repercusión varias noticias acerca de la dependencia debido a que la situación en España es crítica. Como os hemos ido informando en Prensa Social, más de 43.000 personas fallecieron esperando atención en 2021, un dato escalofriante que implica que al día mueren en nuestro país 130 personas por este motivo.
«Cada 11 minutos en España fallece una persona en el laberinto burocrático de la Ley de Dependencia»
Futuro de la dependencia en España
Una situación dramática que acentúa más si cabe su importancia si tenemos en cuenta que España en uno de los países del mundo con mayor longevidad. Y es que, según los datos publicados por el informe «La dependencia en España. Una contingencia del siglo XXI», en 2030 habrá más de 560.000 personas dependientes de Grado III en España mayores de 65 años. Unas cifras que representarían el 1,1 por ciento de la población total y el 4,9 por ciento de las personas mayores de 65 años o más.
Esto significa que ese porcentaje de la población española tendrá un grado de dependencia severo (requerirá atención permanente de una tercera persona para realizar las Actividades Básicas de la Vida Diaria), con el correspondiente gasto económico que eso implica: se estima que unos 20.000 euros anuales.
Inversión económica
Tanto las terribles cifras de muertes a causa de la lista de espera como la longevidad en nuestra sociedad nos revelan una realidad: faltan recursos económicos. Ya han pasado 15 años desde la aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, y seguimos realizando una inversión inferior en este sentido en comparación con otros países europeos.
De hecho, según los datos que recoge el informe publicado en febrero de 2020 por el Instituto Santalucía en colaboración con AFI, España invertía en 2019 un 0,73 por ciento de su Producto Interior Bruto (PIB) en los gastos relativos a la dependencia mientras que los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se situaban en el 1,5 por ciento de promedio. Es más, países como Noruega o Suecia, en los que no hay una longevidad entre su población tan elevada, el porcentaje de inversión se aproxima al tres por ciento.
Actualmente, tras la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2022, el gasto en dependencia del PIB pasará a ser de un 0,9 por ciento. Igualmente, pese a la subida, seguirá estando de manera notable por debajo del promedio de los países de la OCDE.
Además, según la memoria económica de la Ley de Dependencia de 2006, el objetivo era alcanzar el uno por ciento en 2015. Un dato que seguimos sin conseguir y que nos va a afectar en sobremanera ya que cada año que pase más personas mayores fallecerán esperando a ser atendidas en la lista de espera.
