La vulneración sistemática de los Derechos Humanos sigue presente en el ámbito de la discapacidad, la dependencia y los mayores. Acaso, una asignatura pendiente que arrastramos desde tiempos inmemoriales.

Setenta y tres años después de 1948, cuando la Asamblea de la ONU adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las personas, personas que al parecer ya nacen sin derechos siguen viéndolos pisoteados por otras, humanas o jurídicas.

Dicho quebranto, amparado por la violación de los distintos artículos que se recogen en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, se estima que no sólo es silenciado, sino que se acepta y además no se denuncian las discriminaciones que a diario están haciendo que ese sea el modus operandi.

Desde la discriminación por ser mujer y además tener una discapacidad hasta la sistemática falta de accesibilidad que recogemos en este diario cada semana. Personas que no son tratadas ni obtienen el mismo reconocimiento ante la ley —dado que todo viene a estar sujeto con pinzas—. Libertad y seguridad nula si hablamos de autonomía y no hablemos del derecho al trabajo, a la salud, a la educación. Nunca iguales, si hablamos de entornos, países, pueblos, ciudades…

La privación de los derechos que hemos normalizado nos lleva a que, a pesar de estar recogidos y aprobados, no se persigan con la debida premura. No digamos si existe el triunfo y el expediente brillante que siempre va detrás de una persona sin discapacidad, acaso menos válida para ellos. Siempre detrás, siempre justificando que tienen los mismos derechos y tras ello, la pena, el victimismo, la lástima y el favor…

En lo que respecta a los pequeños logros para hacer de los derechos, virtudes, nos encontramos con pocos eventos que nos hacen resaltar la valía de los que más tienen que luchar para salir adelante.

El fracaso colectivo estaría justificado porque ni las Administraciones Públicas ni tampoco el conjunto de la sociedad reparan en las permanentes desigualdades, exclusiones y en la desobediencia al mandato legal —que afortunadamente se mantiene con la Convención—.

No tenemos que dejar atrás a las personas dependientes que teniendo derechos que les respalda, mueren sin haber percibido ni siquiera una ayuda. No digamos nuestros mayores, esos que fueron seleccionados durante la pandemia y los que menos tenían, desprotegidos por el Estado, murieron delante de nosotros.

Persiste una deuda ostensible con esas familias que hoy, que siguen denunciando lo que sucedió y sobre todo, cómo. Víctimas de las violaciones a los derechos humanos, aquella pandemia que sigue siendo esta que arrasó con sus vidas —solo por ser mayores— y con sus derechos como personas.

Hablamos de nuestro país, sin olvidar a otros donde no sólo no están defendidos, sino que jamás lograrán una libertad amparada en sus derechos. Total, nada.

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