Durante el mes de septiembre Derechos Sociales ha comenzado a redactar una reforma legal para la contratación de personas con discapacidad.
Tras un largo proceso legislativo por parte del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, se pondrán en marcha consideraciones a la hora de contratar a personas con discapacidad con un grado igual o superior al 33 por ciento; a todos aquellos pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida, de manera oficial, una pensión de incapacidad permanente en el grado total, absoluta o de gran invalidez.
El objetivo de ello es recuperar esta asimilación para los pensionistas de clases pasivas, para que la pensión de jubilación, o pensión por incapacidad permanente la tengan reconocida.
Para ello, el Ministerio ha abierto, el pasado viernes, 10 de septiembre, una consulta pública previa al anteproyecto de Ley por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, con plazo hasta el 28 de septiembre.
La propuesta de reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social pretende «resolver el grave problema creado por sucesivas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2018 que por una cuestión meramente formal declaró nula esta asimilación legal, vigente desde el año 2003, jurisprudencia que ha venido perjudicando gravemente la empleabilidad de las personas con discapacidad», explican desde el Ministerio.
La finalidad de este proceso legislativo no es otra que intentar dar respuesta a una demanda social y empresarial; y subsanar la pérdida de empleo por muchos trabajadores en situación de vulnerabilidad que necesitaban acogerse a las medidas de acción positiva para la contratación laboral que se contempla en esta Ley.
«La propuesta de reforma de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, pretende «resolver el grave problema creado por sucesivas sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2018 que por una cuestión meramente formal declaró nula esta asimilación legal, vigente desde el año 2003, jurisprudencia que ha venido perjudicado gravemente la empleabilidad de las personas con discapacidad»
El informe pretende obtener el convencimiento de la sociedad, de las organizaciones y de las asociaciones que pueden ser afectadas por esta futura norma. Además, quiere hacer hincapié sobre los problemas que se quieren solucionar con esta iniciativa a raíz de su aprobación.
Conseguir los objetivos y soluciones para los afectadas aproxima la futura norma a los problemas que se pretenden solucionar con el cumplimiento de estos objetivos.
