El Gobierno ha aprobado un Real Decreto para garantizar la accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y uso de bienes y servicios públicos. Este acuerdo desarrolla la ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial ha afirmado que se trata de «prestar una atención preferente, por ejemplo, cuando hay una cola de espera o adaptar las líneas telefónicas para todo tipo de discapacidad, los cajeros automáticos de las entidades bancarias, en definitiva, que no exista ningún obstáculo».
Se establecen una serie de medidas de acción positiva y otros apoyos para compensar las «desventajas» que se encuentran las personas con algún tipo de discapacidad para poner en marcha el proyecto «Plan España país accesible».
«Es un desarrollo reglamentario que viene a dar respuesta a la concurrencia que ha de existir y a la observancia, para que sea inexcusable el no garantizar esos derechos de las personas con discapacidad y sus familias cuando se relacionan en la esfera pública, tanto en la relación con las administraciones públicas como con el sector privado. Nos estamos refiriendo a comercios, entidades bancarias, instalaciones culturales», ha precisado.
