Discapacidad y teletrabajo: un desarrollo normativo urgente e imprescindible

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Álvaro Perea es letrado de la Administración de Justicia.

El pasado 27 de octubre el Ministerio de Justicia, a través de una Circular del Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, determinaba que más de 30.000 autoridades y funcionarios públicos no podrían «ejercer modalidades de teletrabajo en tanto no se apruebe su regulación específica en el ámbito de la Administración de Justicia». El fundamento de la Circular se halla en la disposición transitoria 2ª de la Ley 3/2020, en la Orden SND/726/2023, de 4 de julio, que publicó el Acuerdo del Consejo de ministros de 4 de julio de 2023, por el que se declara la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, y -aunque no se dice expresamente- también en el Acuerdo de 6 de julio de 2023 de la Comisión Permanente del CGPJ.

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