¿Dónde está el empleo para las personas con trastorno mental?

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José Manuel Dolader para Prensa Social

El Colectivo Salud Mental al Congreso reivindica igualdad de oportunidades para las personas con problema de salud mental y salir de la marginalidad que tienen laboralmente estas personas.


Según el Instituto Nacional de Estadística la tasa de empleo de las personas con discapacidad en el año 2020 fue del 26,7% (para las personas sin discapacidad el 64,3%), con un aumento de 0,8 puntos respecto a 2019. El 89,6% de los ocupados eran asalariados y, de estos, el 75 % tenía contrato indefinido.   

En estos datos del INE no se contabilizan las personas que tienen una pensión por discapacidad o jubilación.

Entre los distintos colectivos se observa que las personas con diferencias auditivas presentaron las mayores tasas de actividad con un 59.9%; las personas ciegas un 43.1%; las personas con discapacidad intelectual un 28.3% y las que menos empleo tienen son las personas con trastorno mental con un 26.6%.

Estos datos contrastan con los ofrecidos por el INE en el año 2015 en donde las personas con problemas auditivos tenían un 60.1% de actividad; las personas ciegas un 45.9%; las personas con discapacidad intelectual un 28.1% y las personas con trastorno mental un 30.4%.

Si nos fijamos en estos cinco años los dos colectivos más marginados laboralmente siguen siendo  las personas con discapacidad intelectual que han bajado en estos 5 años un 0.2 % y las personas con trastorno mental que han acusado una bajada del 3.8%.

¿Qué ocurre con el colectivo de personas con trastorno mental que no aumenta su tasa de empleabilidad?

Es indudable que la presión social y política que realizan las entidades del mundo de la discapacidad intelectual a través de su confederación PLENA INCLUSIÓN está permitiendo que se creen más puestos de empleo para este colectivo. Un ejemplo lo podemos ver en el BOE del pasado 28 de julio donde la Secretaría de Estado de Función Pública convoca un proceso de selección como personal laboral fijo de 108 plazas en Madrid y 82 plazas en el resto del Estado ( ).


En esta convocatoria en las bases figura en el apartado 2.1.1: Poseer una discapacidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. El examen para estas 190 plazas lo van a realizar en esta convocatoria no es la única para el colectivo de personas con discapacidad intelectual que realiza el Estado y las Comunidades Autónomas, ya que el CERMI consiguió en el año 2011 que se reservará el 2% de las plazas en la administración a personas con discapacidad intelectual. Desde entonces, el Gobierno y las comunidades autónomas han convocado varias oposiciones de empleo público para personas con discapacidad intelectual. 

Si el CERMI o el Estado no considera que es posible crear empleo para este colectivo o no sabe cómo, le recomendamos que visite el Hotel El Infante en Guadalajara donde sus trabajadores son personas con problemas de salud mental o el centro especial de empleo de Manantial Integra donde trabajan cerca de 300 personas. 

En todo caso hemos de felicitar a PLENA INCLUSIÓN por haber conseguido que este colectivo consiga estos grandes apoyos de las administraciones, pero sería interesante que la CONFEDERACIÓN SALUD MENTAL ESPAÑA aprenda de esta entidad y reclame al CERMI las mismas oportunidades para el colectivo que representa, pues también las personas con trastornos mentales tienen derecho a ser funcionarios con reservas de plazas cómo otros colectivos.


José Manuel Dolader

Coordinador Colectivo Salud Mental al Congreso

2 COMENTARIOS

  1. Yo haría otra pregunta antes:¿ dónde está el acceso universal al aprendizaje, el derecho a la formación inclusiva, el derecho a las prácticas inclusivas de formación? La sociedad no estamos acostumbrados a convivir con personas con enfermedad mental desde los colegios por eso resulta tan difícil después el empleo. Tenemos que conseguir una educación inclusiva como marca la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual estamos tardamos demasiado en llevar a la práctica. Mientras esto no cambie las siguientes etapas de las personas seguirán siendo sin inclusión porque inclusión no es un centro de educación especial ni un centro especial de empleo, ahora es lo que tenemos pero esto tiene que cambiar y no se trata de quitar lo que hay, se trata de evolucionar pero no poco a poco porque llevamos más de 30 años con el «paso a paso».

    • Estimada Mari Carmen:
      Efectivamente los derechos de las personas con discapacidad no siempre se ven en su entorno ni en su día a día. El acceso al aprendizaje junto con la formación inclusiva a veces resultan un favor, no una obligación por parte del Estado, y no todos los niños están atendidos correctamente, máxime aquellos que no nacen en grandes ciudades.
      Muchas gracias por su aportación y por seguir a Prensa Social.

      Ana De Luis, directora.

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