El aval del Tribunal Constitucional a la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá, ha reabierto el debate sobre los defensores de la educación inclusiva para las personas con discapacidad –que promueve esta norma– y aquellos que apuestan por la educación especial.
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