Si la reciente ola de contagios puso en jaque al desuso de mascarilla al aire libre, finalmente el Congreso ha votado en contra de restablecer la obligatoriedad de su uso.
Llevar mascarilla al aire libre seguirá siendo optativo. Eso ha respondido el Congreso de los Diputados a las reclamaciones de muchas Comunidades Autónomas por volver a imponer el uso del tapabocas en la vía pública. Con la abstención de ERC, PNV y Vox y los síes de Ciudadanos y Bildu, el Gobierno se ha garantizado una mayoría parlamentaria que ha votado por mantener la optatividad de las mascarillas en exteriores, siempre que se pueda garantizar una distancia de 1,5 metros entre no convivientes.
El Congreso avala la permisividad del Gobierno
El Gobierno de Sánchez y la Sanidad de Darias han logrado hoy arrancarle al Congreso su aval para convalidar el Real Decreto-ley 13/2021, que el pasado 26 de junio acabó con la obligatoriedad del tapabocas, imperativa desde el pasado mayo de 2020 en todo tipo de espacio común, sin excepciones.
Lejos de ser un mero trámite burocrático, la sesión parlamentaria ha tenido en vilo a los ciudadanos, ya que el Ejecutivo tuvo que esperar hasta el último momento para contar con los apoyos y abstenciones pertinentes y así sacar adelante un Decreto que lleva más de un año encapsulado en el Boletín Oficial del Estado.
Han sido los votos del Grupo Socialistas, sumados a los de Ciudadanos y EH Bildu, entre otros, los que han permitido que salir a la calle sin mascarilla, siempre que se respete la distancia de seguridad reglamentada, siga siendo una opción personal.
La norma se aprobó también merced a las abstenciones de ERC, PNV y Vox, para alivio de unos y contrariedad de otros. El Grupo Popular votó contra la consolidación del Decreto.
¿Error o acierto?
En la votación final, la normativa cosechó 180 votos a favor, 90 en contra y 78 abstenciones, en contraste con su amplia aprobación el 24 de junio, en plena bajada de casos, pese a que las formas en que Sánchez la anunció no fueron del agrado de casi nadie.
Pero el actual panorama epidemiológico ha vuelto grato el recuerdo de junio, cuando la incidencia acumulada del país no alcanzaba los 100 casos por cada 100.000 habitantes ni, según cifras de Sanidad, los 4.000 contagios por jornada.
Ahora, a tres días de que se cumpla un mes de su publicación en el BOE, la extensión de vigencia del Decreto que autorizaba a ir sin mascarilla en exteriores ha suscitado un vivo debate entre los diputados al Congreso, mientras España se ciñe la triste corona de país con más alto índice de contagios en toda la Unión Europea.
Basta leer los datos proporcionados recientemente por Sanidad para ver que actualmente los días se cierran con 30.000 nuevos infectados, la incidencia supera por mucho los 600 casos, y entre los grupos más jóvenes persisten los picos de más de 1.500 positivos por cada 100.000 habitantes.
¿Qué opinan las CCAA?
Una quinta ola que pone al Gobierno del lado de la permisividad, al menos en lo que al desuso del tapabocas en exteriores se refiere, y a Comunidades Autónomas como País Vasco y Andalucía, en un lado más preventivo.
Autonomías como Baleares y Cataluña han optado por no pedir al Gobierno que se retracte del Decreto, reclamando en cambio a sus habitantes que hagan caso omiso de él y sigan portando sus mascarillas al aire libre, independientemente de su ubicación, compañía o situación.
Las esperanzas de Sanidad
Desde el departamento dirigido por Carolina Darias, se espera que la votación de hoy ponga fin al «revisionismo continuo» que en la última semana ha movilizado a diferentes Comunidades, a costa del fuerte aumento de casos que está caracterizando esta quinta ola.
Tanto en el Consejo Interterritorial de ayer martes como en otros foros, el Gobierno ya ha dejado claro a las CCAA que activar otro Estado de Alarma no está en la lista de sus intenciones a corto plazo.
Ello choca frontalmente con las demandas varias Autonomías, entre las que se encuentran aquellas cuyo Tribunal Superior de Justicia ha votado no a las restricciones, como es el caso de Canarias, Extremadura y Navarra, en marcado contraste con la aprobación de toque de queda que han consentido los TSJ de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Cantabria.
Por ahora, Sanidad no estudia nuevas medidas. Es más, insiste en apuntar que la actual normativa es suficiente para que las Comunidades puedan atajar la quinta ola.
A ello se suma su confianza en los análisis y pronósticos del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que apuntan a que la embestida de contagios del coronavirus, que ha personalizado ominosamente este mes de julio, ya está desacelerándose; y auguran la probabilidad de que a inicios de agosto el país ya esté doblando la curva de esta quinta ola.
De ser así, la presión sobre las medidas adicionales contra la pandemia remitirá… o eso esperan en Moncloa.
