El Constitucional defiende a una persona con discapacidad

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© dontstopmadrid

El Tribunal Constitucional resuelve que «se vulneró el derecho a la tutela judicial» de la persona discapacitada desahuciada, a la que ahora hay que indemnizar.

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena y, por fortuna, el Tribunal Constitucional (TC) ha roto una barrera hasta ahora inexpugnable: amparar por primera vez, y de forma unánime, a una persona con discapacidad. El caso nos traslada al barrio madrileño de Lavapiés donde una persona con discapacidad cognitiva del 70 por ciento, tras más de tres décadas residiendo en su vivienda, fue desahuciado de la misma por orden judicial en el año 2018. Ahora, tres años después, El TC considera que «se vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva».

El Tribunal Constitucional resuelve por unanimidad que «se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva» de la persona con una discapacidad, cognitiva reconocida del 70%, a la que se desahució en 2018 tras treinta años residiendo en su vivienda y a la que ahora habrá que indemnizar

Raquel Segovia, la abogada que lo ha hecho posible contradiciendo a la Audiencia Provincial

Nada de esto hubiera sido posible sin la intermediación, la insistencia y el trabajo de Raquel Segovia, abogada y experta en derecho de Menores y en discapacidad, que luchó por preservar los derechos de su cliente, pese a las resoluciones contrarias de la Audiencia Provincial de Madrid.

El Tribunal Constitucional, con la discapacidad. © Diario Médico
El Tribunal Constitucional, con la discapacidad. © Diario Médico

Un caso que se remonta a 2017, un año antes del desahucio atendido ahora por el Constitucional

La propia Segovia, explica el caso de forma cronológica:

«En 2017, el edificio donde residía mi cliente fue comprado por un ‘fondo buitre’. La nueva propietaria envió una carta a todos los inquilinos del inmueble comunicando que subía el precio del alquiler; a todos menos a mi cliente», explica.

Un hecho «intencionado, según Segovia, que pronto trajo consigo consecuencias: «le llegó una carta donde le comunicaban que se iniciaba un procedimiento de desahucio. Mi cliente no entendió que debía presentarse al juicio con abogado y procurador, que era imprescindible. Él pretendía defenderse solo e iba casi todos los días al juzgado, presentando escritos donde decía que podía pagar», prosigue.

«Pese a ello, el juzgado de Primera Instancia 19 de Madrid le declaró en rebeldía por no presentarse al juicio y ordenó la ejecución del lanzamiento, en enero de 2018. El día antes del lanzamiento acudió a mi despacho, ‘in extremis’, para paralizar el desahucio. Lo logré», relata.

A la tercera fue la vencida y se ordenó el desahucio

Lo mismo ocurrió con las dos siguientes órdenes, hasta que el día 10 de julio de 2018 la orden de desahucio se hizo efectiva. «Aunque los Servicios Sociales de Madrid le alojaron en un principio en una pensión, mi cliente acabó en la calle. Le abocaron a una situación muy penosa, incluso le separaron de su perra. En 30 años, mi cliente siempre pagó el alquiler, aunque lo hizo de forma caótica, un mes no pagaba porque se le olvidaba y luego pagaba de golpe tres meses, por ejemplo; o pagaba menos y luego pagaba lo atrasado», cuenta.

El Constitucional, como recurso

El caso fue desestimado por la Audiencia Provincial pese a que Segovia había logrado que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas le diera la razón, pero los jueces alegaron que ese dictamen no era vinculante. Fue entonces cuando la abogada acudió al Tribunal Constitucional, con el argumento de «la vulneración de la tutela judicial efectiva en aplicación de la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en 2008», un apoyo que a la postre ha resultado decisivo:

Una sentencia histórica para la discapacidad

«La sentencia es histórica, porque, que me conste, es la primera vez que por unanimidad el Constitucional ampara a una persona con discapacidad en su reclamación de tutela judicial. La sentencia pega un tirón de orejas al juez de primera instancia y a la Audiencia Provincial de Madrid porque no tuvieron en cuenta la discapacidad de mi cliente a la hora de declararle en rebeldía en el juicio e instar el lanzamiento», finalizada la abogada.

La resolución, se dilatará y se publicará en el BOE

No obstante, la letrada aclara que la resolución tardará un tiempo: «una vez publicada la sentencia del TC en el B.O.E., tendré que instar al juzgado de primera instancia a dictar una resolución confirme a Derecho, que tendrá que incluir una indemnización a mi cliente, con el que aún no he podido contactar, ya que el desahucio no se puede revertir», sentencia.

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