El Gobierno de España aprobó el pasado diez de enero en Consejo de Ministros medidas urgentes mediante un real decreto ley para la contratación laboral de personas con discapacidad aunque éste se va a pone en marcha ahora.
Las nuevas medidas e incentivos se aplicarán dentro del ámbito de la Seguridad Social son las siguiente: Contratos indefinidos y simplificación de los requisitos de las empresas beneficiarias; bonificaciones para las personas con discapacidad; bonificaciones para las víctimas de la violencia de género o delitos sexuales; cuantía por cada mes natural completo respecto a las bonificaciones de la Seguridad Social; incentivos de contratos vinculados a la conciliación durante su duración.
Para personas con alguna discapacidad, existen incentivos laborales concretos para ellos en materia de contratación. Para ellos se regulan las bonificaciones en cuotas patronales de la Seguridad Social relacionadas con la contratación de este tipo de trabajadores. Al igual ocurre con las bonificaciones en los contratos suscritos por empresas de inserción.
«Con carácter general, entrará en vigor el 1 de septiembre de 2023. No obstante, algunos artículos ya están en vigor y otros lo estarán antes de esa fecha», confirman desde La Moncloa.
Por ello los contratos se regirán por fomentar la estabilidad, la igualdad y la eficiencia de manera que se permita a las personas con discapacidad acceder al mercado de trabajo en condiciones con el objetivo de mantener estabillidad y un mercado de trabajo resiliente e inclusivo.
La Seguridad Social recogerá todo esto en el Libro Blanco sobre el empleo y la discapacidad. Desde el mencionado organismo público también recuerdan que «el Acuerdo General entre Gobierno y la ONCE en materia de Cooperación, Solidaridad y Competitividad para la Estabilidad de Futuro de la ONCE para el período 2022-2031 considera necesario mantener la bonificación del 100% de la cotización empresarial».
