El Gobierno se olvida de 40.000 alumnos de Educación Especial en su nueva ley de becas

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Lidia Ramírez para The Objective 11 de marzo de 2023

El pasado 18 de febrero Pedro Sánchez anunciaba a bombo y platillo «la mayor partida presupuestaria» en política de becas, además de una ayuda «universal» de 400 euros para los estudiantes que sufren algún tipo de discapacidad. Sin embargo, el Real Decreto 117/2023, de 21 de febrero, que regula las becas al estudio para el próximo curso, obvia a los alumnos que están escolarizados en centros de Educación Especial, unos 40.000, y que son escolares que requieren una atención muy especializada al presentar trastornos graves o plurideficencias. 

La ley, que dedica el capítulo III entero a las ayudas al estudio y subsidios para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativono menciona los niveles EBO (Educación General Básica) ni las aulas de TVA (Transición a la Vida Adulta), que son los proyectos educativos que se imparten en centros de Educación Especial; por contra, sí hace mención expresa a Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos de Grado Medio y de Grado Superior, ciclos formativos de Grado Básico, así como otros programas formativos de Formación Profesional.

El objetivo de esta nueva ayuda es que los estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33% puedan sufragar los gastos adicionales a los que tienen que hacer frente. La ministra de Educación y Formación Profesional, Pilar Alegría, explicó recientemente en una rueda de prensa que se beneficiarán de esta medida 214.000 alumnos «con necesidades específicas de apoyo educativo». Sin embargo, padres, profesores y diferentes asociaciones de personas con discapacidad solicitan una modificación de la ley para que esta haga mención de forma expresa a los grados de Educación Especial y facilitar la solicitud del cheque de 400 euros a las familias de los menores que cursan esta modalidad. 

«La ausencia de esta referencia supone obviar a una modalidad educativa que goza de una tradición de décadas en España y a los miles de menores con discapacidad que estudian en Educación Especial. Y lo que es aún peor, puede dar lugar a malinterpretaciones de la ley que dejen sin los 400 euros a familias que se sientan excluidas y verdaderamente lo necesiten», apunta a THE OBJECTIVE Mar Ugarte, presidencia del Consejo Español para Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), que aclara: «En el decreto no pone expresamente que queden excluidos los alumnos de Educación Especial, eso no tendría lógica y sería anticonstitucional, pero viendo todos los antecedentes que tenemos, no nos extrañaría que estos alumnos queden fuera de esta ayuda. Puesto que lo que no se menciona no existe».

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