El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a menos de un tercio de las personas sin hogar en España, según la investigación de la Fundación HOGAR SÍ.
«La aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) supone el mayor avance en los derechos sociales en nuestro país desde, al menos, la aprobación de la Ley de Dependencia. Esta medida es una victoria de la gente. Pero no solo constituye un avance clave nacional, sino que hace de España un referente en materia de justicia social».
El Ingreso Mínimo Vital entró en vigor el pasado 1 de junio de 2020 para hacer de España un referente en materia de justicia social
Este extracto, referido al IGV, aparece en la página de Moncloa. Su entrada en vigor, el pasado 1 de junio de 2020, fue calificada como esencial y parecía frenar las desigualdades existentes entre la población al tiempo que ayudaba a socorrer las necesidades primarias de los colectivos más vulnerables.
Los datos dicen lo contrario
En la actualidad, año y medio después de su aprobación, la realidad parece bien distinta, tal y como indican los datos revelados por la Seguridad Social el pasado mes de septiembre; que revelan que, desde su entrada en vigor, más del 70% de las peticiones del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han sido rechazadas.
Más del 70% de las peticiones del ingreso mínimo vital han sido rechazadas, según datos de la Seguridad Social en septiembre de 2021
Menos de un tercio de la población atendida, según HOGAR SÍ
Dichos guarismos, no han pasado desapercibidos. Una muestra de ello es la investigación ‘Ingreso Mínimo Vital (IMV) y el sinhogarismo: ¿una protección estructural para toda la sociedad?’, a cargo de la Fundación HOGAR SÍ, con la financiación procedente del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la convocatoria del 0,7% del IRPF destinada a otros fines sociales.
La organización revela que El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a menos de un tercio de las personas sin hogar en España, merced al resultado de más de 250 encuestas a personas en situación de sinhogarismo y más de 170 a profesionales que han gestionado el IMV.
La concepción de una garantía de rentas, clave en la lucha contra la pobreza y la exclusión
En este sentido, José Manuel Caballol, director general de la fundación, señaló que «el IMV nació en el marco del ‘escudo social’ de las acciones para paliar los efectos de la COVID-19 dentro de la Estrategia de Prevención y Lucha contra la Pobreza 2019-2023, pero la concepción de una garantía de rentas es una medida clave en el futuro de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y la exclusión».
La investigación califica de «preocupante que solo el 26% de las personas en situación de sinhogarismo que han participado en el estudio estén percibiendo el IMV, pese a que el 76% lo ha solicitado».
Los tramitadores y solicitantes del IMV, críticos
Asimismo, más del 90% de los profesionales que gestionan las solicitudes del IMV, «consideran que el sistema de gestión permite poca o nula autonomía para realizar la solicitud»; mientras que el 68% de las personas en situación de sinhogarismo considera que el IMV no aumenta la autonomía para su vida y el 32% dice desconocer las causas de su denegación.
El 68% de las personas sin hogar considera que el IMV no aumenta la autonomía para su vida y el 32% dice desconocer las causas de su denegación
El Tercer Sector pide cambios
«Las organizaciones del Tercer Sector somos el canal principal de información y gestión del IMV en el caso de las problemáticas de exclusión más severas como es el caso del sinhogarismo pero esto debe cambiar. El acceso a los derechos no puede depender de que las personas encuentren quien les pueda ayudar. El objetivo de los mecanismos públicos debe ser que las personas gocen de autonomía y para esto necesitamos trámites ágiles y cuantías que permitan acceder a unos mínimos de bienestar», zanjó Caballol.
