El Ministerio de Trabajo deroga bonificaciones por contratar personas con discapacidad

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Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social
© Cézaro De Luca / Europa Press

Tras la reforma anunciada por la ministra Yolanda Díaz, de prosperar el texto que deroga bonificaciones por contratar a las las personas con discapacidad, España se situaría en el peor de los escenarios; acaso el retroceso mayor en inclusión laboral de la etapa democrática.

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) se ha dirigido por carta a los directores generales de Empleo de las distintas comunidades autónomas para pedirles que se opongan a estas medidas en el seno de a Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales.

De igual forma, aseguran haber perdido el diálogo con el ministerio y aseguran que esto supondrá un retroceso tanto en derechos como en la inclusión laboral de este sector de la población que perdería su empleo ipso facto.

El anteproyecto de ley del Ministerio de Trabajo que actualmente regula los incentivos a la contratación laboral así como otras medidas de impulso y mantenimiento de empleo estable y de calidad, deroga parte de los incentivos existentes para la contratación de personas con discapacidad.

Este texto recoge que aunque en España existen actualmente 4,5 millones de personas con discapacidad (datos del INE), únicamente una de cada cuatro tiene empleo lo que supone que afectaría a empresas ordinarias, a 2.300 centros especiales de empleo y expresamente al grupo ONCE que tienen el 59 por ciento de empleados con discapacidad.

Esta normativa elimina la actual bonificación del 100% por la contratación de personas con discapacidad en los centros especiales de empleo cuya plantilla por ley debe superar el 70%. Solo para los contratos de carácter indefinido se establecen unas bonificaciones lineales, iguales que las que se aplican a las empresas ordinarias.

El anteproyecto de ley establece bonificaciones por contratación indefinida de personas con discapacidad de 366 euros al mes durante toda la vigencia del contrato, tanto en el mercado de trabajo ordinario como en el protegido y también se aplicará en las conversiones de temporales a indefinidos, durante toda la vigencia del contrato.

Esta bonificación solo cubre la cotización de los contratos con una retribución mínima (SMI). Esta cantidad fija es menor que la que existe actualmente para los centros ordinarios, de 375 euros mensuales, cuantía que se estableció en 2006 y que no se ha actualizado desde entonces. 

Se trata de una cifra “muy inferior” a las bonificaciones que actualmente están aplicando los centros especiales de empleo.

El texto señala, en la exposición de motivos, que “en las últimas décadas se ha atribuido a las reformas de la regulación de las condiciones de trabajo un papel excesivamente central en la política de fomento del empleo, con efectos no siempre positivos, como se ha puesto de manifiesto con la opción legal de promocionar la contratación temporal como instrumento de fomento del empleo”.

Además, remarca que la regulación vigente es “dispersa” y recuerda que la reforma de las bonificaciones al incentivo del empleo forman parte del componente 23 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno de España comprometió con la Comisión Europea para la percepción de fondos comunitarios tras la pandemia de covid-19.

Los colectivos que podrán ser destinatarios de las medidas de fomento de la contratación laboral son las contempladas en la Ley de Empleo, aunque el texto cita explícitamente a las personas con discapacidad y, dentro de estas, a las que tienen más dificultades de acceso al mercado de trabajo; mujeres víctimas de violencia de género; víctimas del terrorismo; mujeres víctimas de trata, y mujeres víctimas de violencia sexual.

La cuantía será de 421 euros mensuales si el trabajador con discapacidad está incluido en alguno de los grupos de personas con discapacidad que presentan mayores dificultades para el acceso al mercado de trabajo, como por ejemplo si tiene discapacidad intelectual o un trastorno del espectro autista.

Si la persona trabajadora con discapacidad tiene en el momento de la contratación 45 o más años o si se trata de una mujer, las bonificaciones previstas se incrementarán en 50 euros al mes, y de concurrir ambas condiciones, el incremento será de 100 euros. En el caso de que se contrate a personas con discapacidad intelectual límite, la bonificación en la cotización será de 128 euros al mes durante cuatro años.

Si la contratación indefinida de trabajadores fuese por readmisión tras haber cesado en la empresa por una incapacidad permanente total o absoluta, la cuantía de descuento será de 138 euros al mes durante dos años, siempre y cuando la readmisión no responda a un derecho de los trabajadores a reincorporarse al puesto de trabajo.

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