El suicidio escolar es una nociva semilla que, de un tiempo a esta parte, está germinando peligrosamente entre niños y adolescentes, siendo necesario actuar.
Mientras Carolina Darias se preparaba para presidir su último Interterritorial ayer viernes, en la que por cierto se abordó la Red de Vigilancia en Salud Pública, La Rioja vive sus primeras horas tras la aprobación de la primera ley autonómica de salud mental. Un contexto semanal en el que no ha pasado desapercibido la petición al Gobierno, lanzada desde el Congreso, a crear finalmente un protocolo para prevenir y atender la conducta suicida, sobre todo y específicamente en el ámbito educativo. Moción que, dicho sea de paso, ha sido aprobada.
El suicidio escolar, un problema público de salud mental
¿Sabía que 22 menores de 15 años se quitaron la vida el año pasado? Según apunta el Instituto Nacional de Estadística (INE), cuyos datos también recogen que 316 jóvenes de entre 15 y 29 años hicieron otro tanto en el mismo periodo anual. Cifras que, por cierto, superan en 8 y 16 a los notificados en 2021, respectivamente.
A la vista de estos números, y a que las medidas y consecuencias en muerte del bullying siguen siendo insuficientes para el Partido Popular, Óscar Clavell, diputado del grupo político del PP, defendió este miércoles ante el Congreso la iniciativa de crear desde el Ministerio de Educación del Gobierno un protocolo para prevenir y atender al suicidio escolar.
El protocolo en cuestión, defendido en una moción ante la Cámara Baja y discursado para lograr el máximo consenso de los grupos parlamentarios, fue finalmente aprobado; y consta íntegramente de 14 medidas concretas orientadas a prevenir, detectar y atender estos casos de salud mental entre los menores.
La primera de estas medidas del PP reclama la coordinación y derivación efectiva entre los centros escolares con los centros sanitarios y con los servicios sociales, debido a que un caso detectado por el psicólogo escolar no aparece reflejado con rapidez en el centro de salud de la persona.
La segunda de estas tácticas de acción contra el suicidio escolar exige la actualización de los Decretos y los planes de convivencia, abarcando en su demanda de reajuste a los reglamentos de los centros educativos, que a día de hoy no contemplan ley ciberacoso.
Así, mientras la tercera proposición de salud mental propuesta a aplicarse en el ámbito educativo plantea en sus líneas una mejora de la formación de los profesionales y profesores, más específicamente en la detección y prevención de los conflictos relacionados con la convivencia escolar, la cuarta pauta pide una mayor y mejor dotación de más personal especializado a los centros de educación.
Porque el suicidio escolar es una conducta que demanda atención anticipada y no lamentaciones tardías
Entre la restante batería de proposiciones del PP también destaca el reforzar la plantilla de profesionales, incrementar progresivamente las plazas de formación sanitaria especializada en psiquiatría infantil y adolescencia y, cómo no, agilizar las convocatorias extraordinarias del PIR, el examen de Psicólogo Interno Residente para fomentar un mayor número de plazas de psicólogos, paliar la carencia actual de estos especialistas en Atención Primaria, y fomentar la nueva formación sanitaria especializada en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia.
Amén, asimismo, de apostar por el incremento progresivo del número de orientadores escolares, de acuerdo con lo recomendado por la UNESCO; e incidir en la figura del coordinador de bienestar, obligado a estar en cada centro para así detectar cada caso, según la LOEM o Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, y la ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la adolescencia educativa frente a la violencia.
Una lluvia de mecanismos a activar contra el suicidio escolar, en el que los Populares también instan al Gobierno de Sánchez a mejorar el sistema actual con un tratamiento psicológico especializado, sí, pero aplicarlo con la frecuencia, inmediatez y duración que se debe; lo que implica, por ejemplo, informar a las familias de los recursos con los que cuentan en los centros, los cuales están habilitados para pedir ayuda; todo ello incorporando en el protocolo aquellas actuaciones que hayan sido exitosas.
Según matizaron ante el congreso, esta reacción contra el suicidio escolar implica de igual forma implantar campañas de prevención y sensibilización, sobre todo los dirigidos al alumnado, así como realizar las reformas legislativas que sean oportunas para controlar las redes sociales y el ciberacoso; todo ello sin olvidar avanzar tanto en las políticas de investigación educativa como en las sociales.
