El nuevo sistema de ayudas del 0,7 del IRPF y Sociedades propuesto por la consejería de Políticas Sociales de la CAM genera muchas preocupación al Tercer Sector.

La Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), a través de la consejería de Políticas Sociales, ha emitido una nueva orden que regula de manera diferente las ayudas y subvenciones a entidades sociales sin ánimo de lucro. En el momento que entre en vigor esta norma, tendrán un cargo del 0,7 en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y en el Impuesto de Sociedades en su tramo autonómico.

El Tercer Sector, muy preocupado

Ante esta noticia, algunas de las entidades que engloban el Tercer Sector en la región (Plataforma del Tercer Sector de Madrid; Cermi Madrid; Cruz Roja Comunidad de Madrid; Cáritas Madrid; y la Coordinadora del Tercer Sector de Madrid) han emitido un comunicado conjunto en el que muestra su «profunda preocupación» ante esta decisión.

De hecho, según indican, ya han mantenido un encuentro con la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa, en el que le han trasmitido su «rechazo» a esta nueva normativa y le han solicitado «consensuar un nueva marco normativo con cambios muy urgentes».

«De esta norma dependen casi todas las ayudas para proyectos sociales de cara a 2023 y nos genera tal inseguridad e incertidumbre que pone en riesgo la atención que prestamos a unas 200.000 personas vulnerables en la Comunidad de Madrid»

Comunicado de las entidades del Tercer Sector de la CAM

Además, apuntan: «Las personas beneficiarias de este tipo de programas cuya continuidad queda en entredicho son los niños y personas mayores con discapacidad, las personas migrantes, aquellos que están sin hogar, el colectivo LGTBI y las personas que son víctimas de violencia de género».

«esta orden no tiene en cuenta ni las necesidades del Tercer Sector, ni de las personas que atiende»

Comunicado de las entidades del Tercer Sector de la CAM

Por último, el Tercer Sector de la CAM concluye: «Ahora, hasta un 80 por ciento de la calificación de los programas puede depender de criterios subjetivos. Éstos ganan demasiado peso y se da muchas prioridad a los municipios de menos de 5.000 habitantes. Además, se ha aprobado sin ningún proceso de escucha activa, por lo que no descartamos recurrir esta nueva orden ante el tribunal Superior de Justicia de Madrid».

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