El pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso de amparo formulado contra la decisión adoptada por los tribunales del orden civil de autorizar, a instancias del ministerio fiscal la administración de la vacuna frente a la infección por covid-19.al amparo de lo dispuesto en el artículo 9.6 de la ley de autonomía del paciente.

Este caso se remite a un recurso de amparo interpuesto por el hijo y tutor de la enferma, una mujer octogenaria aquejada de demencia severa que le impedía prestar por sí misma consentimiento a dicha actuación sanitaria.

Por ello, el organismo considera que la inoculación de dicha vacuna entra dentro de las garantías de derecho fundamental a la integridad de la persona reconocidas en el artículo 15 CE, y por tanto, la vacunación no consentida ha de ajustarse a los requisitos generales de restricción del derecho fundamental a la integridad personal lo que requiere de la existencia de una habilitación legal precisa orientada siempre a la consecución de una finalidad legítima.

La vacunación tiene, en este punto, una doble dimensión tuitiva, pues puede servir tanto para proteger a la persona afectada como para alcanzar fines de interés general, entre los que destaca la protección de la salud colectiva en contextos epidémicos. 

 Por tanto, las políticas públicas de vacunación enlazan con el deber constitucional de los poderes públicos de proteger la salud colectiva con medidas preventivas (art. 43 CE).

La sentencia estima que las resoluciones judiciales impugnadas, que autorizaron la práctica de la vacunación, hicieron una ponderación correcta de los intereses de la persona con discapacidad, pues esta, por el estado evolutivo de su enfermedad, carecía de toda posibilidad de manifestar su voluntad y la vacunación reportaba, en una ponderación basada en criterios objetivos acordes al contexto concretamente enjuiciado, mayores beneficios que perjuicios desde el punto de vista de la protección de su salud individual.

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