La tasa de empleo de personas con discapacidad ha sufrido un descenso. Poco más del 30% de estos colectivos pueden desarrollar su labor en España.
Reza una canción del artista Marwan que «la vida cuesta». Máxime para los colectivos vulnerables, como las personas con discapacidad. En un contexto en el que los precios suben y suben cada vez más, contar con un empleo se antoja capital para poder subsistir.
La tasa de empleo de personas con discapacidad ha sufrido un descenso. Poco más del 30% de estos colectivos pueden desarrollar su labor en España
En este sentido, aquellas personas que cuentan con una discapacidad han visto como sus oportunidades de acceder al mercado laboral han disminuido a tal punto que tan solo 3 de cada 10, aptas para desempeñar un empleo lo están pudiendo realizar.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), sobre la empleabilidad de las personas con discapacidad, irrefutables
Así, y según reflejan los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), se ha producido un descenso tanto en la actividad como en la empleabilidad de estos colectivos, colocándose la tasa mesa en un escaso 34,3%. Si desgranamos este dato por comunidades autónomas, se observa que Andalucía, Canarias y Asturias cuentan con las mayores tasas de desempleo en cuanto a personas con discapacidad se refiere, todas ellas por debajo de la media nacional.
La tecnología, un obstáculo más para el empleo
En este sentido, existen favores que juegan en contra, como la digitalización, que perjudica a la empleabilidad de estos colectivos según el informe de Cátedra Fundación Randstad-UOC de Discapacidad, Empleo e Innovación Social. El mismo refleja que los recientes avances tecnológicos digitales «están acabando con las ofertas de trabajo de sectores como el de los servicios, en los que se concentra el mayor número de personas con discapacidad».
La reforma laboral: ¿enemigo a amigo?
En este contexto, cabe preguntarse si la reciente reforma laboral ayuda o perjudica a estos colectivos, poniendo el foco, por ejemplo, en los contratos de corta duración, uno de los recursos más utilizados por las personas con discapacidad que, por diversas circunstancias, en ocasiones no pueden desempeñar ciertos trabajos y que han sido prácticamente soterrados por el nuevo texto aprobado en el Consejo de Ministros.
