«En España mueren por suicidio 10 personas al día»

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Albert Campabadal en el Congreso, hablando sobre suicidio.

El CEDDD denuncia en el Congreso que el número de muertes por suicidio en España al día «es muy grave» y pide más recursos para salud mental.

«A la salud mental se le dedican muy pocos recursos y es un tema muy grave porque en España mueren al día 10 personas por suicidio». Con estas palabras, Albert Campabadal, presidente del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD), reclamó ayer en el Congreso de los Diputados, un Plan Nacional contra el Suicidio y el establecimiento de protocolos de detección para evitarlo.

Tras hacer hincapié en la importancia de la salud mental, Campabadal se refirió a la necesidad de seguir trabajando por la Accesibilidad Universal. En su opinión, la Accesibilidad Cognitiva para la inclusión de la población con bloqueo cognitivo es aún una asignatura pendiente.

El presidente del CEDDD también defendió la reducción del IVA social al 4% y el cumplimiento de la ley de Dependencia. Para ello, pidió que el Estado aporte el 50% a las autonomías de dotación presupuestaria, que se alcance el 2% del PIB en la dotación presupuestaria y, sobre todo, que las personas pendientes de valoración sean valoradas lo antes posible.

Atención Temprana

Entre otras demandas, Albert Campabadal reclamó a los diputados presentes en la comisión una Ley Nacional de Atención Temprana, con un reconocimiento y garantía de un derecho subjetivo a la atención temprana. «Que sea integral, universal, gratuita y pública, sin discriminación por nacer en una autonomía u otra», aseveró. Y acto seguido, aclaró: «cada autonomía ha ordenado el tema a su manera y muchas veces lo que pasa es que la atención temprana no es temprana, es tardía».

En esta línea, el máximo representante del CEDDD demandó más líneas de actuación para que la persona que cuida al niño o niña que necesita atención temprana, que según apuntó «suele ser la madre», tenga una inserción laboral lo más efectiva posible.

Educación espacial y educación ordinaria

En el apartado dedicado a Educación, el presidente del CEDDD se manifestó en contra de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (LOMLOE) y defendió la coexistencia de la educación especial y la educación ordinaria para favorecer la integración real de las personas con discapacidad.

«En España tenemos una tradición de educación especial de más de 50 años; casi 500 centros de educación especial y miles de profesores muy motivados que son grandes profesionales», enumeró Campabadal. «Despreciar toda esta capacidad no nos parece bien», añadió.

Albert Campabadal en el Congreso de los diputados, hablando entre otras cosas de suicidio.
Albert Campabadal, durante su comparecencia en el Congreso.

Más allá del ámbito profesional, el máximo representante del CEDDD expuso que «no todos los niños tienen la misma discapacidad ni el mismo grado de discapacidad» y que, «muchas veces los chicos que van a la educación especial vienen de la ordinaria, porque la ordinaria no ha sido capaz de gestionar ciertas cosas que le pasa a un niño con discapacidad». Por tanto, defendió, la entidad que preside está a favor de mantener la educación especial como una opción más. Especialmente, cuando la Constitución reconoce en su artículo 27 el derecho de los padres a «elegir la educación que quieran para sus hijos», apostilló.

Por encima de todo, prosiguió, «se ha de defender la felicidad del menor». En este sentido, el presidente del CEDDD se refirió a la exclusión que sufre el menor en la escuela ordinaria «en el patio, cuando se queda fuera de los grupos de WhatsApp o no es invitado a cumpleaños».

Empleo y discapacidad

El siguiente punto abordado por Albert Campabadal fue el de Empleo y Discapacidad, donde expuso que la tasa de empleo de las personas con discapacidad en España es del 25%. «Es decir, de cada cuatro personas con discapacidad, solo trabaja una», declaró. Datos que empeoran en el caso de colectivos con especiales dificultades (discapacidad intelectual o grados de afectación por encima del 65%), colectivo en el que solo trabaja entre un 10% y un 11% de las personas.

Campabadal se refirió entonces al cambio introducido en 2017 en la Ley de Contratos Públicos, que en su opinión discrimina a más de la mitad de los Centros Especiales de Empleo (CEEE) que operan actualmente en España. Según sus datos, en España hay 2200 CEEs que dan trabajo a unas 113.000 personas. De ellos, unos 700 son definidos como de iniciativa social hay 700 y el resto, más del doble son de iniciativa privada.

En este sentido, el presidente del CEDDD explicó que «la Ley de Contratos Públicos de 2017 creo la figura de centros de iniciativa social, que no existía, y pese a que llevábamos 35 años de pacífica convivencia, favoreció a este tipo de centros en la licitación de contrataciones frente a los de iniciativa privada».

Además, denunció que estos cambios en la legislación han introducido una doble escala salarial, ya que los trabajadores de los llamados CEE de iniciativa social perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), mientras que los empleados de CEE de iniciativa privada cobran según convenio, que suelen contemplar sueldos más altos. Así, afirmó Campabadal, «hay una vulneración de los derechos de las personas que trabajan en los centros de iniciativa social». Ante esta situación, el máximo representante del CEDDD pidió los mismos derechos para todos los empleados de los centros especiales de empleo.

Una entidad transversal

Campabadal compareció ante la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados para presentar al CEDDD, sus demandas y sus propuestas. Así, definió la asociación que preside como una entidad asociativa no excluyente, abierta y libre; plural, complementaria y alineada con la sociedad occidental del siglo XXI.

Un espacio sin ideología política, que defiende por igual al sector público y al privado; a la iniciativa social y el ánimo de lucro; que pone a las personas en el centro y apuesta por medir el impacto social, porque «lo que no es medible es difícil de gestionar», argumentó. Una asociación que, además, cree en la tecnología para las personas, trabaja por la Accesibilidad Universal y los ODS de la Agenda 2030 y apuesta por la conciencia social, cívica y ética de la sociedad para garantizar los derechos de los colectivos que representa. «Trabajamos con problemáticas de todas las edades e intentamos aportar soluciones», dijo Campabadal.

«Precisamente por ser muy transversales, facilita que tengamos una visión muy amplia y extensa de la problemática que las personas con discapacidad y/o dependencia, y las personas mayores puedan tener», señaló y para el CEDDD «la persona tiene que ser el centro de todo y ha de poder elegir opciones en cuanto a servicios que le son más interesantes; y el Estado debe procurar que la persona tenga esa libertad de elección», concluyó.

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