El Informe Olivenza 2022 del Observatorio Estatal de la Discapacidad que analiza anualmente el grado de inclusión de las personas con discapacidad ha contabilizado hasta 254 normas, 34 estatales y 220 autonómicas que regulan aspectos relevantes de las personas con discapacidad.
Las Comunidades Autónomas que más legislación han generado han sido la comunidad foral de Navarra y Galicia.
En el documento se señalan como preocupaciones principales, entre otras, la discriminación múltiple por motivos de discapacidad; la violencia que se ejerce contra las personas con discapacidad, en concreto, la violencia de género; la institucionalización; la falta de accesibilidad; las carencias en educación inclusiva; las bajas tasas de empleo de las personas con discapacidad; la limitación de los servicios de salud y la falta de formación de los profesionales en todos los ámbitos de la administración pública.
El informe Olivenza 2022 incluye un capítulo dedicado a las políticas públicas de discapacidad actuales, comenzando por la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 que incluye como novedades un enfoque interseccional y con perspectiva de género.
Se presentan también en este capítulo la Evaluación final del Plan de Acción 2014-2020 de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020, publicado por el Observatorio Estatal de la Discapacidad en 2021; la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, cuyas líneas de trabajo y objetivos están orientados a favorecer el respeto a la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión plenas, la igualdad, la accesibilidad y la no discriminación y son el soporte esencial para mejorar la inclusión social, la calidad de vida y la protección de los derechos de las personas con TEA, y el gasto en políticas de discapacidad en España.
A pesar de este impulso normativo el Estudio pone de relieve, conforme al sistema de indicadores del OED sobre inclusión de las personas con discapacidad en España, que de los 25 indicadores en los que es posible comparar los datos referidos a personas con discapacidad con los de la población sin discapacidad, en 20 de ellos las personas con discapacidad presentan una situación más desfavorable que la población general.
En este sentido, el director general de derechos de las personas con discapacidad, Jesús Martín pone en valor este tipo de diagnósticos para conocer la realidad de las personas con discapacidad y sus familias y poder impulsar políticas certeras para mitigar la desigualdad.
Como en ediciones anteriores, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España (Odismet) ha colaborado en este informe aportando el análisis del mercado laboral y discapacidad en España, en el que se advierte sobre la precariedad patente de los grupos vulnerables en el ámbito laboral. Concretamente, las mujeres con discapacidad son objeto de una multidiscriminación que condiciona significativamente su acceso al empleo y sus condiciones laborales.
