Eutanasia: firmando por el derecho a una muerte digna

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Eutanasia o suicidio asistido, el reclamo de la muerte digna como un derecho fundamental en España.

El pasado mes de marzo, España aprobó una nueva ley de derecho fundamental a favor de la eutanasia y el suicidio asistido, incorporándose a la corta lista de países que permiten a sus ciudadanos decidir, hoy en día, cómo y cuándo poner fin a sus vidas. La ley, que entrará en vigor el 25 de junio, ha generado una ola de sentimientos encontrados tanto a favor como en contra, con una reivindicación, esta jornada del sábado, que no se ate a los pacientes de salud mental, una normativa gubernamental que despenaliza lo que, a título de Constitución, se ha denominado «muerte digna».

¿Qué es la eutanasia?

Desde la perspectiva del Congreso, esta ley se define como «la actuación que produce la muerte de una persona de forma directa e intencionada mediante una relación causa-efecto única e inmediata, a petición informada, expresa y reiterada en el tiempo por dicha persona, y que se lleva a cabo en un contexto de sufrimiento debido a una enfermedad o padecimiento incurable que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios».

Bajo estos términos, se trata de un «nuevo derecho individual» y «fundamental de la persona», o así lo alegaron sus proponentes del PSOE, un estatus de derecho igual a otros fundamentos de la Constitución como la intimidad, la dignidad humana, la integridad física y moral, la libertad ideológica y de conciencia o el valor superior de la libertad.

¿Traducción? se trata de una ley con procedimientos y requisitos, donde el solicitante tendrá que explicar su situación y presentar un informe de su médico. Luego, otros facultativos con los que el paciente no haya tenido relación elaborarán un segundo informe. Y finalmente una comisión en cada comunidad autónoma recibirá las solicitudes, y comprobará que se cumplen las condiciones marcadas por la ley.

Buena muerte.

Con la etimología en la mano, la eutanasia sólo significa «buena muerte». Y en España se rige con la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia. «La muerte está rodeada de misterio. Por ejemplo, a los niños se les oculta, no se les lleva a entierros, se genera una especie de ignorancia que se prolonga a lo largo del tiempo»», hizo ver José Luis Trasobares, presidente de la Asociación Muerte Digna en Aragón, provincia donde se prevé, a raíz de la nueva ley aprobada, que podrá haber un centenar de casos cada año. «Morir puede ser para algunas personas algo horrible y tormentoso», apuntó.

La eutanasia o suicidio asistido ha sido, históricamente, una práctica penalizada por la justicia, con la ley como espada. El ayudar a morir a un amigo o familiar enfermo era un acto que los jueces castigaban con la cárcel. Tras la nueva ley aprobada, esto cambiará. Y a partir de ahora, será la Comisión de Garantía y Evaluación de cada Comunidad Autónoma, la encargada de supervisar cada caso. Y vaya por delante que todos deberán ser graves, crónicos e incurables.

«En los países en los que es legal, solo entre el 2 y el 4% de todos los fallecimientos son por eutanasia», esclarece Trasobares, quien defiende que esta ley garantiza el derecho de cada persona a decidir sobre su propia muerte, de la misma forma en que decide sobre muchos otros aspectos de su vida. Por lo que, a su juicio, esta ley no significa que vaya a haber un aluvión de peticiones.

La normativa aprobada por el Congreso el pasado mes de marzo, con 202 votos a favor frente a 141 en contra, viene a regular tanto la «administración directa al paciente de una sustancia, por parte del profesional sanitario», es decir, eutanasia; como a «la prescripción o suministro al paciente por parte del profesional sanitario, de una sustancia que se pueda autoadministrar para causar su propia muerte»; en otras palabras, suicidio asistido.

Un pulso a vida y muerte

Tras más de un año tramitándose y vuelta a parlamentar en el Congreso de los Diputados, la propuesta de regulación de la eutanasia presentada por el PSOE será, desde finales de junio, una nueva prestación del Sistema Nacional de Salud, válido a solicitar sólo por aquellas personas con unos requisitos bien marcados, los cuales se basan en que el solicitante tiene que estar padeciendo una enfermedad grave e incurable, con un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable.

«La eutanasia y el suicidio asistido es una muerte voluntaria por parte de alguien que no quiere ir más lejos cuando padece una enfermedad incurable como un cáncer o una enfermedad degenerativa», explicó Trasobares. Una enfermedad «que le provoca mucho tormento y con la que puede mantenerse vivo durante varios años», matizó el presidente de la asociación aragonesa.

¿A quién va dirigida?

Ante la ley, el requisito imprescindible para acogerse al descanso eterno proporcionado por este derecho a la muerte digna es, primero que nada, ser mayor de edad, con residencia legal en España; estar consciente en el momento de la solicitud, prestar consentimiento informado, disponer por escrito de toda la información respectiva al proceso médico, así como a las diferentes alternativas de actuación «incluida la de acceder a cuidados paliativos»; y haber realizado ya de manera voluntaria, al menos dos solicitudes por escrito «o por otro medio que permita dejar constancia, y que no sea el resultado de ninguna presión externa».

Y, lo más importante, «sufrir una enfermedad grave e incurable». ¿Qué quiere decir? Padecer de un tipo de enfermedad que «por su naturaleza origina sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables sin posibilidad de alivio que la persona considere tolerable, con un pronóstico de vida limitado, en un contexto de fragilidad progresiva», o bien «un padecimiento grave, crónico e imposibilitante».

Esto último queda plasmado en el texto de la ley como «situación que hace referencia a una persona afectada por limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, de manera que no pueda valerse por sí misma, así como sobre su capacidad de expresión y relación, y que llevan asociado un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable para la misma, existiendo seguridad o gran probabilidad de que tales limitaciones vayan a persistir en el tiempo sin posibilidad de curación o mejoría apreciable».

Tanto es así, que hasta «en ocasiones puede suponer la dependencia absoluta de apoyo tecnológico». En cualquier caso, todos los requisitos han de ser estudiados y aprobados por una Comisión de Garantía y Evaluación. Porque La pregunta que resta por plantear es, ¿qué ocurre cuando el paciente no puede valerse por sí mismo?

La decisión ha de ser «autónoma, consciente e informada» por parte del paciente, según se especifica en el documento. No obstante, en el mismo documento también se aborda que el paciente, «por su situación personal o condición de salud no le fuera posible fechar y firmar el documento, podrá hacer uso de otros medios que le permitan dejar constancia de su deseo de acogerse a la ley de la eutanasia, o bien otra persona mayor de edad y plenamente capaz podrá fecharlo y firmarlo en su presencia.», Igualmente, «el documento deberá firmarse en presencia de un profesional sanitario que lo rubricará», es decir, le dará acreditación y legitimidad.

Un debate escrito y plasmado en la BOE

No son pocos, en absoluto, a quienes esta nueva ley plantea un dilema moral, especialmente a los profesionales de la sanidad. Sin olvidar que ««intervienen otros prejuicios éticos, muchas veces conectados con lo religioso», admitió el presidente, quien ha aprovechado para poner a Bélgica y Países Bajos Como ejemplo de la legalización de esta práctica, pues en esos territorios está regulada la eutanasia en menores, tanto a niños como a jóvenes.

Para muchos, de hecho, los cuidados paliativos son la réplica para evitar la eutanasia. Y es que al hablar de muerte digna se está hablando también de cuidados paliativos y la sedación terminal, medidas muy recurrentes en cualquier hospital, pues se aplican a aquellos enfermos a los que les quedan horas o días de vida para que mueran dormidos y tranquilos.

Pero para Trasobares, «la eutanasia y los cuidados paliativos son algo complementario», por lo que argumentó; «hay gente que desea acabar con su vida en determinadas etapas de su enfermedad y no llegar hasta el final». A su juicio, de hecho, “hoy en día hay muy pocas enfermedades mortales y muy poca gente se muere de forma natural», por lo que la nueva normativa aprobada para ir a favor de la eutanasia y el suicidio asistido es una ley que se adapta a la sociedad actual, sus avances médicos y su aumento en la esperanza de vida.

Un certificado jurídico que protege del mal uso de la eutanasia.

La ley no viene exenta de consecuencias. Tiene sus peligros. «En caso de incapacidad del paciente, cualquier persona podría decidir aplicarle la eutanasia, incluso contra la voluntad de la familia», ha apuntado la Asociación Española de Abogados Cristianos. De modo que «podrían aplicarte la eutanasia sin tu consentimiento ni el de tu familia». De ahí que la entidad de juristas, con la intención de refrenar este riesgo, haya puesto en marcha una campaña para promover un carnet que permita a los médicos, llegado el caso, conocer que el portador es «contrario a cualquier tipo de eutanasia», y que este deseo consta en un testamento vital.

Así, ofrecen la página web YoNoQuieroEutanasia.es como un método para curarse de espanto a futuro, y evitar que la ley sea la nueva guadaña de la muerte. «En la Asociación de Abogados Cristianos creemos en el valor sagrado de la vida humana», defienden, «y la eutanasia es un ataque frontal contra el derecho a la vida», puntualizan.

Por tanto, con solo registrarse en la página web antes mencionada, se puede crear un testamento vital que proteja a la persona enferma hasta evitarle que le apliquen una eutanasia no deseada, con mayor razón, si tiene incapacidad.

La inscripción en dicha plataforma es absolutamente gratuita. De hecho, los abogados asociados no cobran ningún emolumento por sus servicios ni por las acciones legales que se pongan en marcha si fuera necesario; más aún, se comprometen a emprender una defensa total y hasta el final, acudir a la vía penal contra los profesionales sanitarios involucrados, en caso de que no se haya respetado el testamento vital contrario a la eutanasia, es decir, en caso de que médicos, familias o cualquier otra persona haya actuado opuestamente a lo firmado y consentido en el carné.

Por supuesto, este es un carné que exige firma digital por parte del afectado, más que nada porque la firma le da validez legal. «Esto es un paso imprescindible para poder verificar la autenticidad de tus datos y que tu consentimiento es totalmente legal», explican desde la Asociación. El proceso se completa cuando el usuario recibe una copia del documento legal en su correo electrónico, un envío rápido y automático, y se termina de cerrar cuando, al cabo de unas semanas, recibe en formato físico y en su domicilio el carnet que acredita su oposición a la eutanasia.

Por supuesto, esta negación o proceso se puede revocar en cualquier momento (después de todo, cualquiera puede cambiar de opinión) bastará, para ello, con que contacte con la Asociación Española de Abogados Cristianos y se lo haga saber.

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