La eutanasia ¿respeta los derechos humanos de las personas con discapacidad? El PSOE calla, el PP lo advierte en su enmienda y el Comité Europeo lo denuncia.
Antes incluso de la entrada en vigor de la Ley de Eutanasia el pasado 25 de junio de 2021, el Comité europeo de la discapacidad advirtió el peligro de emplear la eutanasia como una criba para vulnerar los derechos humanos de las personas con discapacidad en España. La nueva propuesta de enmienda del Partido Popular, la cual exige regular la Ley de Eutanasia del Partido Socialista, alude directamente a esta amenaza por el respeto político, social y humano al colectivo de la discapacidad.
El PP propone enmendar la legislación vigente
El Partido Popular continúa ejerciendo una oposición «firme, útil y constructiva» contra la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia del PSOE, en sus propios términos. Y lo hace, esta vez, mediante una enmienda contra dicha ley articulada, proponiendo un cambio en la legislación a nivel nacional, uno que priorice y dé peso a los cuidados paliativos sobre la regulación de la eutanasia.
«El PSOE ha hurtado a la sociedad el control de la PLO por organismos como el Consejo de Estado a la norma», acusan desde el texto de su enmienda, «al tramitarlo como proposición de ley y no como proyecto». Un cambio que puede pasar por tecnicismo pero que a ojos del PP no lo es, ya que al llevar por ese camino la Ley de la Eutanasia el PSOE ha impedido «la comparecencia de expertos del ámbito sanitario, del jurídico, del ético…».
En este sentido, el PP asegura que siempre ha actuado en concordancia con la ley, manteniendo una postura que se alinea con la mostrada por el Comité de Bioética de España, el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos y la Asociación Española de Derecho Sanitario… entre muchas otras entidades alineadas con la sanidad.
«Como nosotros, todos ellos solicitan cuidados paliativos de máxima calidad para todos los ciudadanos en todo el país», se reafirman desde el Partido Popular, «actualizando la estrategia de cuidados paliativos del Sistema Nacional de Salud vigente», cuya última actualización se dio en el 2014, tal y como recuerdan desde el partido de Casado.
Y «dotando al propio sistema sanitario de los recursos humanos, económicos, tecnológicos y estructurales requeridos; posibilitando una atención domiciliaria satisfactoria… haciendo lo necesario, a fin de cuentas, para garantizar una asistencia al final de la vida». Es decir, a «cuidar y acompañar a las personas y a sus familias para evitar dolor y sufrimiento físico y moral», brindándoles una atención «de calidad, cohesionada y equitativa, y con plena seguridad para la vida del paciente y para los profesionales sanitarios en el desempeño de sus funciones».
¿Cuáles han sido hasta ahora las enmiendas del PP a la Ley Orgánica de la Eutanasia aprobada por las Cortes?
Varias han sido hasta ahora las propuestas emprendidas por el Partido Popular en forma de iniciativas parlamentarias, destacando especialmente la ‘Proposición de Ley relativa a los derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida’, que emitieron el pasado febrero.
O la ‘Proposición no de Ley relativa a priorizar la legislación a nivel nacional de los cuidados paliativos sobre la regulación de la eutanasia’, la cual propusieron el pasado agosto. En cualquiera de sus reclamaciones, el mensaje vigente que difunden sigue siendo el mismo, no obstante, y puede resumirse en los siguientes puntos clave:
• que los cuidados paliativos de cualquier centro asistencial estén siempre disponibles, para que cualquier ciudadano del país pueda acceder a ellos en igualdad de condiciones y en todo el territorio nacional.
• que todo ciudadano, sin excepción, tenga la garantía de que se le va a brindar una atención personalizada, manteniendo una continuidad en la administración de los cuidados, gracias a la «coordinación y la cooperación entre los sistemas de salud y de servicios sociales».
• hacer de la información disponible que reciba sobre el estado real de su salud un derecho inviolable y acorde a su modo de raciocinio, al adaptarlo a su edad y a su capacidad de comprensión, incluyendo en dicha explicación todo sobre las «expectativas y calidad de vida, y las medidas terapéuticas y paliativas que resultarían aplicables».
La ponencia subraya la importancia de establecer permisos laborales regulados para los familiares de un paciente, aquellos incluidos dentro del primer grado de consanguinidad o afinidad. Asimismo, propuso impulsar las mejoras en las condiciones de acceso a las ayudas por dependencia, con especial énfasis en las situaciones de urgencia.
Y en cuanto al interior de los centros, las reclamaciones del PP expresaron la intención de garantizar la entrega de una habitación individual, aunque a aquellas personas que requieran ser atendidas en régimen de hospitalización.
En este sentido, el grupo parlamentario del PP hizo hincapié en la necesidad de garantizarles a las personas con discapacidad los recursos que sean precisos para que «reciban información, expresen voluntad, otorguen consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno de forma libre y autónoma». Y en la misma línea de derechos, reclamó el derecho a que las personas reciban, «conforme a sus convicciones y sus creencias, asistencia espiritual o religiosa».
Por otra parte, el PP también propuso la «creación de un área de capacitación específica sobre cuidados paliativos para los profesionales sanitarios»; exigió dar una garantía, por parte de las Administraciones sanitarias, para que el paciente disponga de «unidades de cuidados paliativos en número y dotación adecuados, incluidas las de paliativos infantiles y equipos de soporte para internamiento hospitalario y domicilios».
La visión de Naciones Unidas sobre la eutanasia ligada a la discapacidad
Como se ha podido ver, muchos son los puntos del PP que aluden directamente a los derechos del colectivo con alguna deficiencia. Y lo mismo sucede en el texto de la Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia propuesto por el PSOE.
La nota del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitido el pasado diciembre del 2020 por el secretario general de las Naciones Unidas, sobre el proyecto de ley de Eutanasia que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 10 de diciembre de 2020, puede haber sido clave para la inspiración de las directrices de ambos grupos parlamentarios. Sus observaciones, no obstante, difieren mucho de la visión de Naciones Unidas al mismo respecto.
En respuesta a la solicitud de seguimiento de la Convención en España presentado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Comité Europeo hace una valoración de la Ley de Eutanasia, en calidad de órgano experto, exponiendo en su dictamen la armonización y posibles colisiones que pueda generar dicha Ley de la Eutanasia en su ejecución.
A la luz de este prisma, el Comité Europeo pro Derechos de las Personas con Discapacidad hizo un llamado al Estado español para que la Ley de la Eutanasia no sirva para aplicar el suicidio asistido «por motivos de discapacidad, ya que tales disposiciones contribuyen a la estigmatización de la discapacidad, lo cual puede propiciar la discriminación».
De este modo, y tras una revisión exhaustiva de la versión final de la Ley de Eutanasia propuesta al Congreso de los Diputados por el Grupo Socialista, y un análisis a fondo de las enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios a dicho texto, el resumen del Comité se muestra crítico con la regulación de la eutanasia de España, mostrándose empero positivo con ciertos aspectos en concreto, gracias a las enmiendas introducidas en el texto inicial.
Ejemplo de esta positividad son los detalles de la Ley de la Eutanasia recogidos en el artículo 4, que versa sobre el derecho a solicitar la prestación de ayuda para morir, acercándose más bien a la consideración de suicidio asistido.
Y es que, en su apartado 3, el texto asegura que «se garantizarán los medios y recursos de apoyo, materiales y humanos, incluidas las medidas de accesibilidad y diseño universales y los ajustes razonables que resulten precisos para que las personas solicitantes de la prestación de ayuda para morir reciban la información, formen y expresen su voluntad, otorguen su consentimiento y se comuniquen e interactúen con el entorno, de modo libre, a fin de que su decisión sea individual, madura y genuina, sin intromisiones, injerencias o influencias indebidas».
No obstante, el Comité no ha dudado en manifestar su preocupación por ciertos aspectos de la proposición de ley de la eutanasia, al entender que tendrá «un impacto profundamente negativo para las personas con discapacidad, existiendo además el peligro de que se produzca una pérdida desproporcionada de vidas de personas con discapacidad, como muestra la experiencia de los países en que se ha legalizado ya la eutanasia voluntaria ampliándola más allá de los supuestos de una enfermedad terminal». Es decir, le preocupa un posible paso de la eutanasia a una forma de eugenesia.
La importancia de velar porque la eutanasia de personas con discapacidad no degenere en eugenesia
El Comité europeo es el primero en admitir que no valora (pues carece de potestad para ello) la despenalización de la eutanasia en España. No obstante, como órgano experto que vela por el buen cumplimiento de los derechos del colectivo de discapacidad y su correcta aplicación en los estados signatarios de la UE, no puede, sin embargo, dejar de sentirse preocupado ante la configuración y definición de uno de los supuestos habilitantes para solicitar la eutanasia en España.
Y es que la Ley consiente, en su articulación, una «depreciación de las personas con discapacidad», en palabras del Comité. Algo que «tendría un impacto profundamente negativo en las personas con discapacidad, con el peligro de una pérdida alta de vidas».
El Comité aprecia, de igual forma, que la Ley de Eutanasia «no debe suponer el coste de la estigmatización, desprotección y discriminación de un grupo social». En este sentido, el organismo europeo de la discapacidad entiende que «la norma que permite la aplicación de la eutanasia sin el consentimiento explícito de la persona —si el médico entiende que no se encuentra en pleno uso de sus facultades— no es compatible con la autonomía en la toma de decisiones».
Después de todo, y tal y como aseveran en su reclamación, «las leyes deben hacer pedagogía de los derechos humanos, y en ningún caso ofrecer mensajes a la sociedad, acerca de que las personas con discapacidad son descartables, son objetos y no sujetas de derecho». No se debe, en resumidas cuentas, y en nombre de la protección de la práctica clínica, la eutanasia no debe comprometer los derechos humanos consagrados por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
