Tener diagnosticada una enfermedad que cursa con discapacidad no supone tener una incapacidad. Las discapacidades, todas, impiden que las personas que las sufren puedan continuar con la vida que tenían antes, pero esto no supone además, que dejen la vida laboral, solamente deben readaptarse a las circunstancias que tendrán sine die.

La incapacidad per se queda referida al ámbito laboral y tenemos que entender que se circunscribe a las capacidades que tiene esa persona para desempeñar un trabajo.

A saber: un piloto que transporta personas de un país a otro si tiene una discapacidad visual sobrevenida no puede pilotar más un avión, pero sí puede readaptar sus conocimientos de aviación en otras áreas de la compañía y ésta ha de favorecer el nuevo puesto de trabajo ante tales circunstancias una vez que se ha aceptado y dictaminado el grado de discapacidad que tiene, máxime si ésta es degenerativa.

Una misma persona entonces, puede tener reconocida una incapacidad permanente absoluta y una discapacidad. Es decir, ese piloto no puede ejercer su profesión si tiene una discapacidad visual diagnosticada. Ambas situaciones no van parejas en otras circunstancias ni tampoco tienen por qué tener la misma causa, pero es frecuente que se mezclen, se utilicen como sinónimos y no se den los pasos correctos.

¿Por qué he de solicitar una incapacidad?

Si es usted es un trabajador autónomo o pertenece al Régimen General de la Seguridad Social puede estar en situación de incapacidad si se ha dictado tal informe desde su médico de primaria y tiene que continuar el papeleo hasta conformar legalmente su situación de cara a la Administración.

Por tanto el reconocimiento de esa incapacidad y el derecho a una prestación económica existen desde el momento que suceda; esto es: que el trabajador esté impedido para desarrollar su actividad laboral y la Seguridad Social haya dictado que tiene dicha incapacidad por enfermedad o accidente.

¿Cómo se clasifican las incapacidades?

Una incapacidad puede estar causada por enfermedades diversas y patologías degenerativas, tanto comunes como laborales y/o por accidentes dentro y fuera del trabajo.

Si la limitación para ejercer su función se mantiene en el tiempo la incapacidad será permanente total o parcial; puede ser también incapacidad absoluta en grado de invalidez; incapacidad absoluta o incapacidad temporal.

Será entonces la Seguridad Social la que mediante un tribunal y a la vista de la enfermedad, accidente o patología del paciente, dictamine y reconozca la incapacidad, su tipo y la prestación económica que ello conlleve.

Vayamos entonces con la Discapacidad:

Cualquier persona que por una enfermedad, accidente u otra circunstancia tenga diagnosticada una enfermedad que curse con discapacidad (sensorial, física, psíquica, intelectual, cognitiva) según las condiciones exigidas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) puede tenerla reconocida y por tanto no es exclusivo de los trabajadores.

Esto supone que un niño puede tener una discapacidad o una persona en edad tener de repente una enfermedad que determine su discapacidad cuando antes no la tenía determinada.

Ejemplo: una persona de 70 años que pierda las piernas tendrá una discapacidad motora, estará probablemente jubilada y en la Seguridad Social constarán ambos datos.

Un niño, con una discapacidad sobrevenida visual a los diez años puede tener reconocido un grado de discapacidad menor del 33% que irá, según la evolución de la enfermedad, incrementando en las revisiones hasta llegar al 33% o más. Eso tendrá que ir ajustándose y según la Constitución, tendrá derecho a la educación, a un trabajo digno, etcétera y tendrá que exigir

¿Qué es una discapacidad?

Según el artículo 7.1 de la Ley 13/1982, se entiende por persona con discapacidad a aquella cuyas posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales.

Calificación de la discapacidad

La calificación del grado de discapacidad responde a criterios técnicos unificados, fijados mediante los baremos descritos y recogidos en el Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad.

Reconocimiento de la discapacidad

La certificación de Discapacidad y la expedición de la tarjeta de Discapacidad lo otorga el IMSERSO u órgano de gobierno competente de la Comunidad Autónoma en los casos en los que han sido transferidas las competencias en materia de valoración de situaciones de discapacidad y calificación de su grado.

En caso de que se impugne una valoración realizada por un órgano de la Comunidad Autónoma (o del IMSERSO), puede decidir al respecto la autoridad judicial. En este caso, sería una sentencia que dictará un juez.

Ejemplo tarjeta expedida en la Comunidad de Madrid.

Grados de discapacidad

Los grados de discapacidad llamados ahora de diversidad funcional son las distintas posibilidades dentro de una escala, del nivel de dificultad de una persona para valerse por sí misma y lo que permite su integración social.

Es ese sentido, los derechos de las personas con discapacidad se recogen y están establecidos en la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal.

La discapacidad por tanto se valora en grados y porcentajes, y da lugar al acceso a distintas prestaciones o ayudas.

La declaración de los grados de discapacidad es una definición técnica utilizada por la Administración para valorar la posibilidad de la persona de desempeñar las AVD (actividades de la vida diaria). Y de esa forma establecer la necesidad de subvenciones, ayudas, pensión o asistencia.

Las AVD se dividen en cinco categorías que incluyen una serie de actividades como trasladarse, deambular, tener una vida sexual, alimentarse, relacionarse, trabajar, ser autónomo, utilizar medios de transporte, aseo personal entre otras. Por ello un equipo acudirá a la casa del afectado por discapacidad para relatar y ver in situ el grado de dependencia si lo hubiere, y el grado de discapacidad conforme a estas categorías:

  1. Autocuidado.
  2. Comunicación.
  3. Actividades físicas.
  4. Actividades funcionales.
  5. Control del sueño.

El Real Decreto 174/2011 establece un baremo de valoración de las situaciones de dependencia, modificando el Real Decreto 1971/1999 que establece los grados y porcentajes de discapacidad.

  • Grado 1. Discapacidad nula. La persona puede tener síntomas, signos o secuelas de un accidente o enfermedad, pero no hay dificultad alguna para las AVD.
  • Grado 2. Discapacidad leve. Aparecen algunas dificultades para las AVD, pero todas se pueden realizar. Se mantienen los signos, síntomas o secuelas.
  • Grado 3. Discapacidad moderada, acompañada de signos, síntomas o secuelas del accidente o enfermedad. Disminución importante de la capacidad para realizar las AVD, sin embargo, puede realizar las tareas de autocuidado.
  • Grado 4. Discapacidad grave. Afecta las AVD incluso las de autocuidado.
  • Grado 5. Discapacidad muy grave o permanente. Imposibilidad de realizar las AVD.

Porcentajes de discapacidad

Además de los grados, se establece un porcentaje de discapacidad que clasifica la diversidad funcional en 5 clases:

  • Clase 1. Discapacidad 0%. Existe incapacidad, pero no impide realizar las AVD.
  • Clase 2. Discapacidad del 1 al 24%. Coindice con la discapacidad leve.
  • Clase 3. Discapacidad del 25 al 49%. Coincide con la discapacidad moderada. Según la Ley 51/2003, se considera minusválida una persona que acredite un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Sin embargo, no representa ninguna prestación económica.
  • Clase 4. Discapacidad del 50 al 70%. Coincide con el grado 4 de discapacidad grave. Si la valoración no alcanza el 65% de incapacidad la persona puede gozar de algunos beneficios fiscales y económicos, pero no de prestaciones económicas. Si supera ese porcentaje puede tener acceso a una pensión no contributiva.
  • Clase 5. Discapacidad igual o mayor al 75%. Es considerada una discapacidad muy grave. Eleva el monto de la pensión contributiva.

Desde 2012 existe el Baremo Único de Discapacidad, que pretende que todas las Comunidades Autónomas cuenten con un sistema estandarizado para reconocer, declarar y calificar el grado de discapacidad. Este baremo está expresado en el Real Decreto 174/2011 que modifica al 1971/1999.

El certificado se gestiona en el área de Servicios Sociales del ayuntamiento de residencia (centro base). Después de las gestiones se obtiene un Certificado de Discapacidad expedido por la Administración Pública, a partir de los informes aportados por el solicitante y una entrevista con el Equipo de Valoración y Orientación (EVO).

Revisión del grado de discapacidad

La resolución que establece el grado de discapacidad establece un plazo para la revisión del mismo. La revisión tiene como objetivo confirmar o modificar el grado de discapacidad, y por lo tanto las prestaciones relacionadas. También puede dar lugar a su extinción.

La resolución debe fijar el plazo de revisión si se prevé que las circunstancias que originaron la discapacidad pueden agravarse o, por el contrario, producirse una mejoría razonable.

La persona con discapacidad también puede solicitar la revisión por mejoría o agravamiento, siempre que hayan transcurrido al menos 2 años desde que se dictó la resolución. Excepto que se acredite un error de diagnóstico o se hayan producido cambios sustanciales en la situación que dio origen a tal determinación.

La solicitud de revisión puede originarse por:

  1. Disconformidad o desacuerdo con el grado asignado o con el porcentaje. En el caso de disconformidad con el porcentaje, se debe realizar un procedimiento de reclamación previa en un plazo de 30 días a partir de la notificación de la resolución.
  2. Mejoría o agravamiento.
  3. Error de diagnóstico o cambios sustanciales: no será necesario agotar el plazo mínimo de 2 años.
  4. Esto suele suceder en discapacidades que cursan enfermedades degenerativas que obedecen a un cambio de vida y/o laboral por el empeoramiento no siempre contemplado por la Administración.

En cualquier supuesto, ante cualquier circunstancia que curse con la pérdida de la movilidad, la visión, la audición, enfermedad mental, etcétera, el paciente deberá exigir que se determine el grado de discapacidad que tiene, tendrá que valorarse su incapacidad, si la hubiere, y tendrá que gestionar una pensión si tuviera derecho a ella.

Todo esto es muy importante y debe hacerse ipso facto.

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