Estimada directora:
La justicia no funciona según con quién. No hay más.
Cientos, tal vez miles de ciudadanos en el territorio español están reclamando, sin obtener respuesta, verdad y justicia ante fraudes, negligencias y malas praxis que afectan al bienestar, la salud física y psicológica de las personas ingresadas en residencias,y también de sus familiares o amigos. Tantas personas afectadas y reclamando no pueden estar equivocadas.
La pandemia ha intensificado la situación, pero algunos llevamos muchos años, demasiados, y seguimos.
Pasen y vean.
En 2015 presenté una denuncia por mal trato a mi familiar tutelado en una residencia, pública y sin médico propio para más señas. En esencia se refería a la comisión de (presuntos) delitos contra la libertad personal, exclusión sanitaria asociada al incumplimiento de protocolos, y otras cuestiones no menores (¿intrusismo profesional, falsificación de documentos…?). Pues bien, el juzgado de primera instancia archivó porque los gestores dijeron que «el usuario no tenía expediente» (¡ sin expediente, en una residencia pública!), así que se negaron a entregar en el mismo acto documentación al juzgado. La audiencia, en apelación, archivó provisionalmente con el argumento que la historia del centro de salud no reflejaba malas praxis (denunciando exclusión sanitaria, recordemos).
En 2020, después de una investigación propia, recopilando información y pruebas creo que suficientes para fundamentar mi denuncia, y ampliando el tema por las coacciones que sufrimos tras la primera denuncia por parte de los gestores y trabajadores, solicité a la fiscalía que investigara. Contestación: ya se archivó en 2015 (poco más de unas pocas líneas de texto). Se solicitó después la reapertura de la denuncia con las nuevas pruebas, y tardaron más de un año para decir lo mismo, que había sido archivado, y no pensaban mover un dedo. En la Audiencia, en apelación, lleva otro año, y no dicen nada de momento. Siete años han transcurrido, casi ocho. El juzgado no sólo no ha pedido ninguna prueba, sino que ni se dignan a darme credibilidad y corroborar las que yo misma he obtenido, con gran penuria y desgaste personal, por cierto.
Aquí viene la segunda parte. Debido a la situación que devino en la residencia denunciada, la propia gestora trasladó a mi padre a otra de sus residencias (antes de conocer mi intención de denuncia), porque el riesgo que estaba corriendo su integridad física era mucho. En esta nueva residencia, había trabajadores que habían estado en la primera, o que tenían trabajando en la misma a colegas, familiares…
Pues bien, cuando supieron que había denunciado a aquella, comenzó un hostigamiento para forzar la expulsión de mi familiar, que se acompañó de más detallitos marca de la casa (no específico). Parte de estos, concretamente los concernientes a la (presunta) manipulación de medicación, directamente relacionada con la causa del fallecimiento, está siendo objeto de una querella criminal aparte, que presenté en octubre de 2021, solicitando como prueba que se requiera la documentación asistencial, que obligatoriamente disponen, puesto que están inmersos ya en una investigación penal no archivada definitivamente. Un año y 3 meses después, seguimos sin que practiquen prueba debidamente a esta segunda querella. Por supuesto, la fiscalía también ha mirado para otro lado.
Al margen, ha habido denuncias a la Agencia de Protección de Datos, por la irregularidad en el manejo de nuestros datos para eludir la justicia. Una ha derivado en procedimiento sancionador. Pero otra la están eludiendo, porque en realidad también concierne a uno de los casos penales. Tanto concierne, que fue motivo de otra nueva querella criminal (por reincidencia), facilísima de probar, porque versa de un documento presuntamente falso usado como prueba judicial, y que, por tanto, ya está en poder de otro juzgado, que no puede eludir aportar el documento. El (presunto) delito que se denuncia en este caso, tiene abundante jurisprudencia para fundamentar la pena.
Pues bien, el juzgado al que le correspondería investigar, sí que ha sido rápido, para no admitir la querella. Ni tan siquiera me han pedido poder para el procurador que me representa. No he cedido al desaliento, por lo que ahora está pendiente de admisión de recurso de amparo en el Tribunal Constitucional, porque considero que el juzgado nos somete en indefensión judicial en este caso.
Es decir, dos casos penales que no sólo no investigan sino que dilatan para obstaculizar la investigación, y otro que ni siquiera admiten. Y este, que se refiere a un simple papel y, curiosamente, que para cualquier ciudadano sería lo más nimio, resulta que es lo que tendría más posibilidad de llegar a puerto judicial, o al menos de llegar antes, sea en España o Europa.
Un papel, ya que las otras dos denuncias se refieren al maltrato institucional a un infraciudadano, de esos que parece que no merecen ni un minuto de su tiempo a la justicia.
Todos los que están denunciando por lo que consideran injusticia contra sus familiares, su tesoro, en época de pandemia, aún no saben el calvario que les espera.–
Ana Isabel Rigueira García. Asturias
