La Asociación Empresarial de Entidades Madrileñas en Defensa de Colectivos con Especiales Dificultades (Aemed), entidad que defiende a las entidades q prestan servicios de atención, asistencia, educación, e inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual ha denunciado la situación crítica e inabordable que actualmente viven las residencias.
Su presidente, Juan Agudo lo expresó en la Asamblea de Madrid hace unos días y comentó la insuficiente financiación de la que disponen para los próximos cuatro años. Debido a esta causa varias entidades han impugnado mediante recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid los acuerdos marco de las residencias de discapacidad con el fin de solventar esta situación en la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
Estas residencias llevan actualmente una década de recortes y son 4.700 personas las que están siendo atendidas y no se están atendiendo a las demandas del sector que la patronal Aemed trasladó meses antes de que fueran publicados los pliegos de condiciones.
La renovación de los nuevos acuerdos marco no responde a los costes reales ya que según convenio habrían crecido del orden del siete con quince por ciento y la inflación sigue su curso. A eso habría que aumentar el SMI e IPC para el periodo firmado del año en curso hasta 2027 que realmente no han sido tomados en cuenta a tal efecto.
Los centros residenciales dependen de esos importes y no se está valorando qué están suponiendo dichos recortes y la crítica situación que ya atraviesan.
Agudo señala que en concepto de gastos generales la cifra presupuestada es inferior al acuerdo marco de 2008, lo que supone que «con una horquilla entre 8,14 euros y 9 euros al día la Consejería pretende que una persona desayune, coma, meriende y cene, cuando en 2008 ya se disponía de 9,6 euros para este concepto; así como el agravante de contar con menos personal para lavandería y limpieza ya que se reduce 11 a 7 trabajadores».
