Con motivo de la celebración, esta mañana del 23 de septiembre, del Día Internacional de las Lenguas de Signos la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha denunciado el desconocimiento y prejuicios que aún todavía persisten sobre las lenguas de signos españolas. 

En España, según apunta la CNSE, la ley 27/2007 reconoce legalmente la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. Asimismo, existe legislación autonómica específica sobre la lengua de signos en dos leyes autonómicas y ochos estatutos de autonomía, además de abundante normativa que contempla esta lengua de manera transversal. Un amplio respaldo legal que, en opinión de su presidente, Roberto Suárez, no se traslada a la práctica:

«La lengua de signos tiene un impacto real en la vida de las personas sordas», ha explicado. «De poco sirve su reconocimiento, si se nos priva de su ejercicio».

Para Suárez, el hecho de que la lengua de signos no sea la lengua mayoritaria de un país, no significa que tenga menos valor que las lenguas que sí lo son:

«Se trata de la lengua natural de muchas personas sordas y sordociegas, y posee la misma funcionalidad para pensar, comunicar y manejar cualquier concepto que cualquier otra».

En este sentido, insiste en que se agilice la tramitación del reglamento que desarrolla la ley 27/2007, de tal modo que se garantice la presencia de la lengua de signos allí donde haya una persona sorda y no se la discrimine por el hecho de utilizarla: «Necesitamos políticas públicas contundentes que avalen nuestros derechos lingüísticos en todas las etapas y ámbitos de la vida».

En esta efemeride fue declarada oficial en 2017 cuando Naciones Unidas coincidiendo con el aniversario de la creación de la WFD (Federación Mundial de Personas Sordas), instaba a los Gobiernos de los diferentes países a fomentar estas lenguas y poner de relieve su papel fundamental en el cumplimiento de los derechos humanos y ciudadanos de este colectivo.

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