Decía J.F. Kennedy que quien pudiera resolver los conflictos provocados por la escasez de agua sería merecedor de dos Premios Nobel: el de la Paz y el de la Ciencia. Dejando aparte que el segundo de estos Premios no se concede como tal por la Real Academia de las Ciencias de Suecia, la frase ejemplifica a la perfección la importancia crucial del acceso al agua allí donde este recurso vital es más escaso. Y no pocas veces este problema de accesibilidad se reduce literalmente al acceso físico a los manantiales por aguadores que portan el preciado líquido recorriendo considerables distancias a pie.

Con casi la misma periodicidad que la crecida anual del Padre Nilo, el contencioso entre sus países ribereños por el aprovechamiento de sus recursos ingentes pero sobreexplotados se reaviva habitualmente. El último atizador ha sido la construcción por Etiopía de un inmenso embalse, la Gran Presa del Renacimiento Etíope, con una capacidad de 74 mil millones de metros cúbicos, en la región de Benishangul-Gumuz durante la pasada década.

Las tensiones geopolíticas y socioeconómicas derivadas de esta alteración del frágil equilibrio hidrológico en África han sido objeto de un webinario que bajo el título «Perspectivas de compartición de las aguas del río Nilo para la paz y la prosperidad regionales» ha auspiciado la oenegé por la diversidad y contra la pobreza Mandela Day.

Moderó el animado debate doña Rabecca Mphande, presidenta de dicha oenegé, muy preocupada por dar voz a las diferentes sensibilidades, perspectivas y vertientes que presenta esta cuestión tan compleja, desde la que acusa de acaparador al Gobierno etíope hasta las que recuerdan que este montañoso país africano es, con diferencia, el principal tributario del Nilo, al que aporta la inmensa mayoría de su caudal.

El impacto medioambiental, socioeconómico y geopolítico del macroproyecto etíope fue analizado exhaustivamente durante tres horas de contraste de pareceres partiendo de un acuerdo previo: cualquier solución pasa por la cooperación entre los países ribereños, mitigando en vez de azuzar el recurrente contencioso. Así lo subrayaron, uno tras otro, representantes del estamento universitario de Australia, país anfitrión del webinario, como Vince Dogbey, de la Universidad de Melbourne, y Charles Mphande, de la de Victoria.

El punto de partida del conflicto más reciente sobre las aguas del Nilo se remonta a mayo de 2010, fecha del Acuerdo entre seis Estados de su cuenca; a saber: Etiopía, Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda y Burundi. El convenio, conocido como Acuerdo de Entebbe, fue enérgicamente rechazado por Egipto y Sudán, pues contempla la expiración de las cupos hídricos que les correspondían en virtud de sendos acuerdos suscritos en 1929 y 1959, que excluían ambos a Etiopía.

Legitimado por este Acuerdo hidrológico firmado en territorio etíope y alegando soberanía sobre sus recursos naturales, el país africano emprendió en abril de 2011 la construcción de la macropresa llamada del Renacimiento Etíope (o GERP por su acrónimo inglés) en pleno Nilo Azul, sin considerarse obligado a consultar con Egipto ni con su vecino Sudán, que a la sazón aún no se había dividido en dos Estados.

Tras años de accidentadas negociaciones, en marzo de 2015 el presidente sudanés Omar al-Bashir, el primer ministro etíope Hailemariam Desalegn y el presidente egipcio Abdel Fatá el-Sisi suscribieron una Declaración sobre la presa del Renacimiento que sentaba una decena de principios vinculantes para los tres países signatarios, en el marco de la cooperación conjunta y el respeto por los intereses de cada una de las partes. La Declaración hacía votos por una cooperación basada en el entendimiento y beneficio mutuos, desde la buena voluntad y el respeto por el derecho internacional. También señalaba que el propósito de la construcción de la GERD era generar energía, contribuyendo al desarrollo económico del país y promoviendo la cooperación más allá de las fronteras etíopes, así como la integración regional a través de la generación de energía limpia, sostenible y confiable. No obstante, a seis años de la firma de esta Declaración tripartita —y a cuatro de la finalización de la macropresa—, la unilateralidad parece haberse impuesto, junto con las políticas de hechos consumados que conlleva. Cada parte arrima el ascua a su sardina, el terreno común de entendimiento brilla por su ausencia y la necesaria concordia parece alejarse a medida que las buenas intenciones firmadas en 2015 han ido adquiriendo la consistencia del papel mojado.

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