La mala gestión de los fondos, la baja recaudación por el copago, las inmensas listas arrastradas legislación tras legislación, los retrasos al conceder las ayudas, las diversas modalidades de fraude, sumado al envejecimiento de la población y la discapacidad sobrevenida, hace que una medida social que ya cumple 16 años de su aprobación sea una condena para los que no pueden esperar y mueren siendo dependientes abandonados; un caos si hablamos de eficiencia; un desastre si hablamos de personas.
De los plazos que se dicen a lo que realmente sucede cuando tenemos concedida esa resolución pueden pasar entre seis meses y un año, en algunas comunidades autónomas hasta tres años. Esa espera desespera al paciente quien no se siente amparado por el Estado de bienestar que pregona a cuatro vientos que los dependientes están atendidos y no es verdad. No hablemos de ayudas económicas solo. Incluimos en la propuesta las que tienen que ver con las tecnológicas, las que tienen que ver con ayudas humanas.
Por otro lado, no olvidemos el catálogo de prestaciones y los servicios de dependencia que están navegando en un mar de retrasos, bien por falta de aprobación de los primeros o por el número de trabajadores cualificado que sigue siendo insuficiente.
Según lo que ha estudiado el tribunal de cuentas, numerosos inconvenientes e incumplimientos son los que en un reciente informe establecen que la ley de dependencia no es igual en todas las Comunidades Autónomas, lo que supone que muchos pacientes mueren esperándola, cerca de 47.000, en concreto. Esto contrasta con el dinero destinada a ella, cerca de 76 millones de euros que siguen en las arcas del Estado porque eran para Dependencia y ya no lo son porque siguen en el cajón de lo que debería haberse destinado a… Y en ese a, añadamos siempre a los más vulnerables: los dependientes.
Ayer, tras el acuerdo entre el PSOE y Podemos, se ha previsto un plan de choque para la dependencia con el objetivo, dicen, de reducir las listas de espera. Aprobados los presupuestos parece que todo lo que arrastra la dependencia, sus listas y lo que es más importante, sus enfermos, se va a solucionar.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta tercera asegura:
«Son cuentas públicas que aportan certidumbres, que afrontan con valentía el efecto de la inflación y que consolidan la protección social y del tejido productivo que el Gobierno está impulsando».
Solamente hace falta que se ponga en marcha tal gestión; esa que decíamos que sigue siendo deficiente, va en detrimento de las personas con discapacidad y ve morir a los que por edad, razón de enfermedad u otras circunstancias son dependientes sine die. Acaso la mayor desgracia que tiene el ser humano, tener derecho a ayudas, no ser autónomo y tener que pedir siempre para poder seguir viviendo. Casi nada.
