*José Manuel Dolader, director de Radio La Barandilla para Prensa Social
Empresas, asociaciones y usuarios coinciden en la necesidad de modificar
la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de Desindexación de la Economía Española en
la jornada organizada por el Consejo Español para la Defensa de la
Discapacidad y la Dependencia en colaboración con la asociación La Barandilla
para conocer los efectos de esta norma en las organizaciones sociales.
Empresas abocadas al cierre y concursos de contratación
pública desiertos son las principales consecuencias de la Ley 2/2015, de 30 de
marzo, de desindexación de la economía española, que desvincula los precios
públicos del IPC y los asocia a los costes. Por ello, urge modificarla e incluir medidas
de emergencia que reduzcan el riesgo para las empresas que contratan con la
Administración pública, sean de iniciativa pública o privada, en situaciones
excepcionales.
Estas son algunas de las conclusiones en las que coincidieron ayer los participantes
en la jornada CEDDD ‘Ley de desindexación y su impacto social’, organizada
por el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia
(CEDDD) en colaboración con Asociación La Barandilla, analizar la viabilidad del
sistema que regula la Ley de Contratos del Sector Público.
En una primera mesa epigrafiada ‘Empresas sociales’ y moderada por el abogado
especialista en centros especiales de empleo Juan Pedro del Castillo,
personalidades representantes de empresas dan servicio a la administración pública
analizaron el impacto de la Ley de Desindexación desde su posición, aportando
cifras de casos reales. Participaron en esta primera charla Albert Campabadal,
presidente del Grupo Sifu y del Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad
y la Dependencia (CEDDD); Marina del Corral, directora general de CEAPS, y Arturo
Gívica, subdirector general de ASISPA.
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